Cuando sólo faltan 48 horas para que los líderes mundiales firmen en la sede de Naciones Unidas de Nueva York el Acuerdo de París para frenar el cambio climático, un lobby financiero de alcance mundial, que incluye a más de 400 inversores institucionales, entre ellos el plan de pensiones de los empleados de La Caixa, Pensions Caixa 30, el que más recursos gestiona en España (cerca de 6.000 millones de euros), con activos que superan los 24 billones de dólares (19 billones de euros), han pedido a los líderes mundiales que además de firmar el acuerdo legislen con urgencia en favor de una transición rápida a las energías limpias y sostenibles.
En una carta enviada a los jefes de Estado y países miembros del G20, además de Suiza, Holanda y España, las ocho redes internacionales de inversores, The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC, que es europea), The Investor Network on Climate Risk (INCR, americana), CDP, anteriormente llamada Carbon Disclosure Project, Principles for Responsible Investment (PRI) Initiative, The Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), IGCC, formada por inversores institucionales de Australiay Nueva Zelanda con más de 1 billón de activos y UNEP FI, todas ellas patrocinadoras de The Investor Platform for Climate Action, creada el año pasado en la cumbre de mayo Paris Climate Finance, advierten que es esencial mantener la llama de la conferencia de París, para lo que piden comprometerse rápidamente con el Acuerdo firmado, que permitirá captar billones de euros de inversiones en apoyo de la transición energética.
Fondos, bancos y aseguradoras reclaman seguridad jurídica y leyes amigables para invertir en la transición energética
La mayor parte de los grandes fondos, bancos y aseguradoras están representados en estas redes, y muestran su deseo de participar en las inversiones y tecnología necesaria para conseguir los objetivos mundiales marcados en París. “Creemos, dicen los firmantes, que el Acuerdo de París e un hito histórico que envió una señal inequívoca a los inversores para que dirijan sus activos hacia una economía verde”. El acuerdo adoptado en la capital francesa establece medidas para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono desde el año 2020 con el fin de que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo notablemente por debajo de los dos grados, y que cada país tome medidas voluntarias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los países desarrollados se comprometieron a movilizar un fondo de 100.000 millones de dólares anuales, que se revisaría al alza en 2025, destinado a que los países sin recursos tomen también las medidas de transición energética.
Los gestores del ahorro mundial que buscan negocio con su contribución necesaria para llevar a buen puerto la citada transición lo que reclama en la carta es que los Estados aseguren que la van a llevar a cabo con leyes y normas que fortalezcan las inversiones privadas. Entre las medidas a tomar están la de marcar un precio adecuado a los derechos de CO2 que sirva de aliciente para dirigir la inversión al reto que supone frenar el cambio climático. También los inversores institucionales reclaman que se fortalezca el apoyo reglamentario de las energías renovables y la eficiencia energética, evitando la inseguridad jurídica que ha surgido en algunos países, con España de paradigma. Además, piden planes claros para abandonar las energías fósiles, todo ello en una estrategia que tenga en cuenta la necesidad de captar inversión. Por último, piden que la reglamentación financiera sea amigable y no constituya un freno a las inversiones en los negocios que aporten valor medioambiental.
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