Este jueves 3 de septiembre se ha producido un hecho trascendental en la historia de España: la toma de declaración indagatoria de Rodolfo Martín Villa ante la jueza María Servini, titular del Juzgado nº 1 de Buenos Aires, por teleconferencia en la embajada argentina en Madrid. Esta declaración es probablemente el primer trámite judicial en un proceso abierto por crímenes cometidos por el franquismo, entendiendo por franquismo no solo el periodo hasta la muerte del dictador, sino también los años de la Transición, cuando se mantuvieron las instituciones y leyes antidemocráticas de la dictadura y el aparato represor de esta siguió aplastando las libertades civiles.
Ya se ha repasado sobradamente estos días en los medios la singular y dilatada biografía del encausado, por lo que ahorraré su repetición. Solamente, para quienes se acaben de caer de un guindo (o sean muy jóvenes), recordaré rápidamente unos trazos: de precoz figura en los sindicatos fascistas de la dictadura, a ministro postfranquista y predemocrático en la Transición, y muñidor de los pactos de la Moncloa, para acabar reposando en sucesivos consejos de administración de grandes empresas, públicas y privadas, cobrando los favores prestados como político.
También se ha informado de los crímenes de los que se le acusa: un total de 12 homicidios y cientos de heridos causados por las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando como ministro, o por fuerzas parapoliciales de extrema derecha ayudadas o protegidas por aquellas. Pero, aunque sea reiterativo, permítanme que quiera de nuevo recordar los crímenes y nombrar a las víctimas: