Reino Unido marca el camino duro legislativo a seguir para que los ciudadanos estén protegidos y se sientan seguros en el espacio digital

Reino Unido sigue siendo un país modélico en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y esperemos y deseemos que así sea tras las medidas severas que su Gobierno anunció ayer que se implantarán para acabar con el abuso y escarnio de los ataques reputacionales, financieros, contra la intimidad, etc, que son ya moneda corriente en el ciberespacio, lugar virtual en el que ya conviven la casi totalidad de los ciudadanos en el mundo desarrollado.

Las leyes de seguridad digital anunciadas obligarán a las compañías propietarias de las redes sociales y las empresas tecnológicas a proteger los derechos de sus usuarios so pena de incurrir en graves sanciones económicas y penales. Un regulador independiente se encargará de que las obligaciones legales que se impongan sean cumplidas.

Esta nueva figura del regulador independiente, con plenos poderes sancionadores, y otras medidas se basan en las recomendaciones del ‘Online Harms White Paper’, el libro blanco elaborado por los departamentos claves de estos asuntos en la Administración. La obligación de cuidar y proteger a los ciudadanos en el ciberespacio por parte de las empresas les exigirá que tomen las medidas necesarias razonables. El gobierno británico ha abierto un período de consultas para establecer los poderes sancionadores que serán dotados al regulador, que irán desde la imposición de sanciones económicas, el bloqueo de  sitios y portales y la responsabilidad penal y civil de los gestores y administradores de las empresas negligentes.

Además de a las poderosas redes sociales, como Facebook, YouTube o Twitter, los nuevos requerimientos de cuidar por la limpieza de su ciberespacio, el regulador vigilará también el cumplimiento del respeto que todo ciudadano se merece,  en los foros online, servicios de mensajería, motores de búsqueda y servidores, entre otros.

El regulador requerirá la máxima vigilancia y diligencia a las empresas que gestionan el ciberespacio para frenar son la incitación a la violencia y la propagación de contenidos violentos y terroristas, la apelación al suicidio y la autolesión, la propagación de noticias falsas y la desinformación, el ciberacoso, el acceso de los niños a material inapropiado y la explotación de niños y contenidos pedófilos y otros tipos de abuso infantil.

Resulta obvio que los británicos han decidido acabar por ineficaz con el modelo de autorregulación que han defendido siempre los colosos de internet. La financiación del nuevo regulador correrá a cargo de la industria de internet y posiblemente se imponga una tasa a las empresas de redes sociales.

Riesgo para la libertad de expresión en internet

La gota que ha colmado el vaso de los excesos propagandísticos de odio ocurridos en el ciberespacio ha sido la retransmisión del atentado terrorista contra la comunidad musulmana en una mezquita en la capital de Nueva Zelanda. Ahora se pretende dar poderes a la nueva figura regulatoria para que investigue a fondo la responsabilidad de las redes y sus usuarios en hechos así.

Está por ver cómo queda protegida la libertad de expresión y la libertad de acceso a internet en la nueva legislación que adopte el Parlamento, y que ésta no quede constreñida por una sobrerreacción gubernamental ante la falta de controles de las redes sociales. De momento, la respuesta más rotunda por parte de las organizaciones civiles que atacan la censura ha sido la de Big Brother Watch, que califica en un tweet los planes de ataque sin precedentes a la libertad de expresión y de concesión de la capacidad de censurar y vigilar las comunicaciones a los gigantes de internet.