José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas, expone en una tribuna publicada en ‘Contexto’, y reproducida íntegramente en ‘Publico’, las razones profundamente equivocadas que han llevado al Estado a la aplicación severa del Derecho Penal a los sucesos del proceso parlamentario y refrendario que llevó a cabo el secesionismo catalán.
Sostiene Martín Pallín que “Todos los grandes maestros de la ciencia penal coinciden en sostener, casi como un dogma, que el derecho penal es el último recurso que se debe utilizar en una sociedad para resolver los conflictos. Mi maestro Claus Roxin afirma que el derecho penal debe ser un instrumento, en todo caso subsidiario, utilizado como último extremo. Del mismo modo que la cirugía es una intervención médica que sólo debe emplearse cuando han fallado la medicina preventiva y las terapias curativas, no tiene sentido utilizar la agresividad extrema del bisturí cuando las dolencias han desaparecido o han sido corregidas con otros métodos menos incisivos”.
Subraya Pallín que “La utilización absolutamente innecesaria, desproporcionada y desmesurada del derecho penal se inicia con la querella del Fiscal General del Estado y termina en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, derivando en un proceso en el que se ha acordado la prisión preventiva de la mayoría de los acusados, solicitando penas que corresponden a delitos que constituyen el máximo agravio penal que se puede realizar en una sociedad democrática contra su Constitución” y que “La comunidad jurídica internacional ha rechazado, prácticamente por unanimidad, la utilización del derecho penal y la integración de los hechos que se relatan en la calificación acusatoria del Ministerio Fiscal, en el delito de rebelión, que exige un alzamiento público, tumultuario, violento y de asalto a las instituciones del Estado con el uso de armas u otros instrumentos peligrosos, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional y ha consagrado el propio legislador al equiparar la rebelión a la pertenencia a bandas armadas y al terrorismo”.
Descalifica también la postura del actual ministerio de Exteriores en funciones por su respuesta a la crítica contra la prisión preventiva que ha realizado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Preventiva, dependiente de Naciones Unidas. Dice Pallín que “Los argumentos utilizados, basados en antiguas relaciones de algunos de los miembros del Grupo de Trabajo con abogados que defienden los intereses de parte de los acusados causan vergüenza ajena, porque lo que se pone en cuestión es la independencia, la moralidad y la decencia de esas personas y no el contenido de la argumentación que se desarrolla en el informe”.
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