Las plataformas como LinkedIn pueden, legítimamente, ser percibidas por el público en general como meras redes sociales, pero bajo su elegante diseño, también actúan como un servicio de empleo. A los solicitantes de empleo no se les debe cobrar ninguna tarifa por los servicios de búsqueda de trabajo, a menos que una comisión competente la haya aprobado, argumenta en un informe el Instituto de Sindicatos Europeos (ETUI). Su crítica está basada en uno de los principios centrales de las normas internacionales del trabajo sobre los servicios de empleo, fijadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
LinkedIn y ZipRecruiter son dos ejemplos de plataformas que actúan como servicios de mediación para obtener puestos de trabajo para freelancer. Como parte del proceso de registro para una cuenta Premium de LinkedIn, se pide a los usuarios que den sus razones para registrarse. Algunos pueden estar buscando un trabajo, o queriendo ampliar su red y construir su reputación, mientras que otros pueden querer encontrar más clientes o reclutar nuevos talentos. A la gente que utiliza LinkedIn para encontrar un trabajo se le cobra una tarifa mensual de 30 euros después de un período de prueba inicial de 30 días.
No hay que pagar para encontrar empleo
El principio con respecto a los servicios de empleo debería ser que ningún solicitante de empleo debería tener que pagar para encontrar un trabajo. La Organización Internacional del Trabajo señala que la regulación de la intermediación laboral sirve a tres objetivos principales: la prevención del fraude, la organización racional y económica de los mercados de trabajo, y el mantenimiento de un servicio gratuito de intercambio laboral. Se han detectado posibles abusos en la “exacción de tarifas exorbitantes, cobro de tarifas donde no se presta ningún servicio, publicidad de publicaciones o solicitudes de empleo sin tratar de satisfacer los requisitos de personas ya registradas y que han pagado una cuota.
Según la OIT, permitir que los intermediarios cobren honorarios abre la puerta a prácticas abusivas, lo que también podría llevar a que los trabajadores se vean atrapados en deudas mientras luchan para pagar estas tarifas.