Los asesores de voto preparan sus recomendaciones para las próximas juntas de accionistas de las empresas que cotizan en Bolsa

Las próximas juntas de accionistas de las grandes empresas que cotizan en Bolsa, las de BBVA y Santander serán las primeras, servirán de piedra de toque para comprobar el activismo, cada día más demandado, de los proxy advisors, las entidades que prestan servicios de asesoramiento a los inversores, básicamente institucionales, sobre cómo deben ejercer el derecho de voto.

Al respecto, la institución de la UE que regula y supervisa los mercados financieros, ESMA, por sus siglas en inglés acaba de emitir un informe, tras un amplio período de consultas públicas,  sobre el papel que debe jugar este sector y su regulación.

La ESMA ha optado finalmente por no imponer una normativa a los proxy advisors, sino reclamarles que elaboren un código de conducta, al considerar que no hay fallos graves que exijan una regulación en el mercado actual respecto a la interacción de los asesores de voto con los inversores y emisores en la UE. Este código de buen gobierno de los proxy advisors debería centrarse especialmente  en la clara identificación, manifestación y gestión de los conflictos de interés que existen, y en impulsar y fortalecer la transparencia, de tal suerte que se asegure que los consejos son precisos y responsables.

Este nuevo código no estará listo para la temporada de juntas de este año, por lo que el interés actual se centra en el grado de activismo que asuman los principales asesores. Glass Lewis, Institutional Shareholder Service (ISS), IVOX, Manifest, Nordic Investor Services, PIRC and Proxinvest  ISS, han sido los consultados por ESMA de cara al buen gobierno del sector. Los dos primeros son abrumadoramente mayoritarios entre los inversores institucionales de Estados Unidos.

Nos consta que buena parte de las empresas del Ibex 35 “han trabajado”, generalmente por vía interpuesta de abogados y relaciones públicas, con estos asesores para no llevarse sorpresas desagradables como las habidas en algunas juntas el pasado año,  como ocurrió con la revuelta en Viscofan,  y la puesta en cuestión de algunos puntos  del día en las del Santander, Repsol y Telefónica.

En el mercado español aproximadamente un tercio del capital está en manos de inversores institucionales, y en las empresas que hemos citado supera claramente ese porcentaje, por consiguiente hay margen para el activismo, muy necesario para descontaminar de amiguismo los consejos de administración, donde brillan por su ausencia los independientes genuinos, en materia de remuneración, con abusos clamorosos, y en lo que atañe a auditoría.

Lo que se espera para este año es que los asesores definan claramente y con transparencia en sus página web la política de voto que siguen. Tienen también que razonar y justificar el sentido del voto y las recomendaciones ofrecidas, además de hacer público el intercambio de opiniones que hayan mantenido con los órganos de gobierno de los emisores y por supuesto evitar cualquier conflicto de interés, y en caso de que surgiera, informar del alcance.

Un amplio informe de la CNMV publicado el año pasado deja claro que la opinión de los asesores de voto cada día tiene más fuerza. El año pasado, solamente nueve de las empresas del Ibex 35 recibieron el apoyo a todos los puntos del orden del día de la Junta, por parte del principal proxy advisor.

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