The Lancet conforma un lobby de médicos y expertos en salud pública contra la prohibición de las drogas

Del 19 al 21 de abril habrá una sesión especial sobre drogas en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participarán varias Jefes de Estado y de Gobierno y asistirán muchos ministros de diferentes de áreas diferentes relacionadas con el consumo, prevención y persecución de drogas. Además habrá organizaciones no gubernamentales que trabaja en este asunto.

La semana pasada, la revista médica The Lancet, publicó un extenso y completo informe-alegato firmado por un grupo de 22 expertos médicos y de salud pública en materia de drogas, que han conformado una comisión, la Johns Hopkins-Lancet Commission, para analizar la realidad de la relación eficacia de la política de lucha contra las drogas y Salud, llegando a la conclusión que la guerra contra las drogas ha sido un desatino y por consiguiente reclaman que de las deliberaciones que tengan lugar en Naciones Unidas el próximo mes de abril surja una nueva política  basada en la realidad de los hechos. “La política represiva que se ha llevado hasta ahora está teñida de ideas sobre el consumo de drogas y la dependencia que no tienen base científica”, dicen los expertos.

Hay que recordar que la anterior sesión especial sobre drogas llevada a cabo en Naciones Unidas tuvo lugar en 1998, en  la que, como apunta el informe Lancet,  bajo el lema ‘Un mundo libre de drogas, ¡podemos conseguirlo!’, se adoptaron políticas absolutamente represivas con el objetivo de prohibir todo uso, posesión, producción y tráfico de drogas ilegales. Esa fatídica asamblea mantuvo vigente los fundamentos de la política internacional seguida en el control de las drogas establecida en 1962 bajo la dirección de Estados Unidos, que reclamaba la eliminación de las ‘diabólicas’ drogas en nombre de ‘la salud y el bienestar del ser humano’. En 1998, a pesar de que ya era evidente el daño que había generado semejante política se continuó con la misma retórica. En el informe se denuncia la ceguera en considerar que todo consumo de drogas es gravemente peligroso y diabólico, no habiendo seguido un procedimiento como el utilizado frente al potencialmente peligroso consumo de alcohol, tabaco o alimentos insanos, donde se llevan a cabo políticas sociales de reducción y limitación del daño potencial.

El informe estudia bien los efectos negativos que ha tenido el prohibicionismo radical sobre la salud pública, entendida en su más amplio sentido,  y  muestra como la política de tolerancia cero y guerra contra las drogas ha tenido consecuencias nefastas en salud, derechos humanos y desarrollo, habiendo contribuido “directa e indirectamente a una violencia letal, enfermedades, discriminación, desplazamiento forzados de muchas personas, injusticias y socavando el derecho a la sanidad”, con ejemplos terribles como el de la violencia en México, los contagios de Sida y otras enfermedades habidas en las cárceles por el abuso punitivo y el diferente trato habido en Estados Unidos entre población negra y blanca, entre otros.

Los especialistas, que hacen un llamamiento a la clase médica para que se debata sin prejucios sobre el asunto, reconocen que si se aboga por rebajar algunos derechos individuales con el fin de proteger la seguridad colectiva en casos de , la doctrina de derechos humanos establece que la sociedad debe entonces de escoger  la vía menos dañina para solventar el problema y las medidas a tomar deben ser proporcionadas y determinadas para cumplir con unos objetivos realistas y definidos con transparencia, algo que en ningún caso se ha cumplido con la prohibición drástica de las drogas.

Sólo el 11% de los que consumieron drogas el año pasado tiene un problema serio de dependencia

En cualquier política que quiera llevarse a cabo para afrontar este problema hay que tener en cuenta las observaciones científicas y de salud pública, algo que no ha ocurrido en la guerra declarada. Cuando se ha tratado de reducir el daño de conductas insanas y peligrosas en conductas humanas respecto al tráfico, el tabaco, el alcohol, la seguridad en el deporte, etcétera, nunca se ha prohibido la acción, pero no es el caso de las drogas, donde cualquier uso se considera abuso. La comisión cita en su informe que hay trabajos que indican que de alrededor de 246 millones de personas que consumieron drogas ilegales el año pasado, en torno a 27 millones, el 11% eran drogodependientes o tenían problemas con su consumo.

Entre las medidas que sugiere este grupo de expertos para una política adecuada de tratamiento de las drogas  destacan la discriminalización de conductas no violentas en materia de uso, posesión y pequeño nivel de venta de estas sustancias, desmilitarizar la aplicación de la ley antidroga en países como México y otros, donde la violencia y guerra con los cárteles es brutal, enfocar los esfuerzos policiales para frenar exclusivamene el tráfico de drogas que genera la mayor violencia, utilizar indicadores mejores para evaluar la política de drogas, en particular su impacto en la salud pública y los derechos humanos, y lo que es más relevante, experimentar con fórmulas de legalización de las drogas.

De momento, el borrador de resolución presentado por la presidencia a la Asamblea General contiene un lenguaje en el que la palabra ‘war’ no se cita en ningún momento, y se muestra más realista sobre todos los elementos socioeconómicos que influyen y hay que tener en cuenta para tratar con este problema, además de indicar una serie de recomendaciones de  naturaleza sanitaria. Aunque en ningún momento hable de legalización, sí requiere que los esfuerzos policiales se centren en las actividades de mayor escala y las organizaciones mafiosas, y ‘anima’ a adoptar medidas alternativas de carácter punitivo y promover políticas legales en las que las sanciones y penas sea “proporcionales a la gravedad de las ofensas, tomando en consideración tanto los factores que puedan mitigar o agravar aquellas”. El borrador no deja de ser un avance, pero habrá que ver la radicalidad de los debates e intervenciones de los ponentes en la Asamblea para saber si se apuesta por ‘experimentar con formas de legalización’, tal como piden los expertos de la comisión Lancet.

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