El glifosato, un herbicida de amplio espectro, que es el principio activo del vendido por Monsanto con el nombre comercial de Roundup, y que se utiliza bajo otras marcas por haber expirado la patente, es el más vendido de España y del mundo y fue considerado como “probable cancerígeno” el pasado mes de marzo por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, sin que el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que encabeza Isabel García Tejerina tomara alguna medida, siquiera de información pública.
No ha sido así en Francia, donde la ministra de Ecología, Ségolène Royal, anunció ayer que propondrá la prohibición de la venta libre del herbicida de Monsanto. La ministra, a través de twitter pidió a las jardinerías que retirasen ‘Roundup’ de las estanterías de venta libre, y recomendó a los usuarios utilizar la guía de jardinería natural, sin uso de pesticidas, editada por su ministerio para trabajar el campo.
En el área industrial ha aumentado exponencialmente la utilización del glifosato ya que Monsanto comercializa variedades de cereal genéticamente modificado que son resistentes al producto químico. El uso masivo del glifosato también en ciudad y jardines privados hace que la población quede expuesta a ser contaminada a través del aire, el agua y la comida. El 20 de marzo de este año, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer hizo público el resultado de una evaluación de cinco pesticidas, entre ellos el glifosato. De éste dijo que hay cierta evidencia de ser un agente cancerígeno en humanos relativa a estudios en Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados en 2001. Además hay un convencimiento claro de que causa cáncer en animales de laboratorio. Finalmente decidió clasificarlo como ‘probable cancerígeno’, junto al malathion y el diazinón.
Monsanto dice que el glifosato está en la categoría de peligro del café, los móviles o el aloe vera
Monsanto sacó el mismo día de la evaluación publicada por la agencia de la OMS una nota de prensa en la que descalificaba el trabajo de ésta por “no haber nuevos datos, haber excluido de la revisión datos científicos relevantes, hacer conclusiones sin el apoyo de datos científicos y clasificar al glifosato en riesgo de la misma categoría 2 que el café, teléfonos móviles, aloe vera y profesiones como las de peluquero y cocinero de frituras”. La multinacional estadounidense afirmaba con rotundidad que “todos los usos de glifosato incluidos en la etiqueta (de Roundup) son seguros para la salud humana, lo que está sustentado en una de las bases de datos de salud humana más amplias que se han recopilado sobre productos agrícolas”.
Francia ya había anunciado la semana pasada que a partir de 2018 sólo se venderían productos fitosanitarios a los consumidores por intermediación de un vendedor autorizado, que pueda aconsejar adecuadamente sobre las prohibiciones y alternativas. En España, el sindicato Comisiones Obreras escribió una carta hace 18 días a los responsables de las carteras ministeriales de Trabajo, Agricultura, Fomento y Sanidad, en la que describía la exposición al contaminante de la población y los trabajadores que trabajan con el producto, y consideraba que dado el elevado riesgo “para la salud púbica, laboral y los ecosistemas, la mejor solución es la eliminación del uso del glifosato”, y añadían que era un producto sustituible con soluciones menos dañinas.
El sindicato añadía que hasta que se prohibiera se debería modificar el Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios, que está en vigor desde hace tres años, para incluir medidas que redujeran la exposición al herbicida de Monsanto. También Greenpeace inició hace un mes una recogida de firmas para pedir al ministerio de Sanidad y al de Agricultura que prohíban este cancerígeno y recordaban que en España se venden 125 productos con glifosato. La organización ecologista pide a las autoridades españolas que apliquen el principio de precaución y suspendan la comercialización del glifosato hasta que se complete por parte de la Unión Europea un estudio completo de evaluación.
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