La UE, Japón y Estados Unidos no conceden a China el reclamado estatus de Economía de Mercado

Han pasado quince años desde que China entrara en la Organización Mundial del Comercio, un paso decisivo en la mundialización, ahora cuestionada, ya que el coloso asiático acentuaba así su papel de fábrica del mundo. En el acuerdo de ingreso no se le concedía a China el estatuto de ‘economía de mercado’ por lo que los estados miembros podían imponer medidas antidumping de manera unilateral a productos chinos cuando considerasen que eran vendidos a precios subvencionados que alteran la libre competencia.

Pekín ha considerado siempre que el acuerdo establecía 15 años de periodo transitorio y una vez concluido, ayer 11 de diciembre, automáticamente debía acceder al estatus de ‘economía de mercado’. Aunque cerca de 80 países han aceptado esa posición para China, entre ellos Australia, Brasil y Rusia, todos ellos muy dependientes del mercado chino para la exportación de materias primas, y deseosos de captar inversiones directas de Pekín, ni Japón, ni Estados Unidos ni la Unión Europea transigen.

Mientras los dos primeros han dicho que seguirán tratando a China como hasta ahora e imponiendo aranceles y otras trabas cuando consideren que no hay juego comercial limpio por parte china, la Unión Europea, que recientemente ha  impuesto barreras a los productos siderúrgicos chinos, busca otro enfoque, menos beligerante, para evitar la entrada en una cruenta guerra comercial. En el caso de Estados Unidos, la incógnita es cómo actuará Trump en materia comercial, teniendo en cuenta que durante la campaña dijo estar dispuesto a sacar a Estados Unidos de la OMC e imponer a los productos chinos aranceles de castigo del 45%. De momento, la semana pasada puso en cuestión la política “una sóla China”, coqueteando con Taiwan.

Habrá que ver si Pekín acude a los órganos de la OMC que velan por el cumplimiento de los acuerdos, pero en cualquier caso si así fuera, hasta que el comité de apelación de la institución que de alguna manera regula el comercio mundial, los productos chinos pueden ser tratados como hasta ahora, y parece que hay argumentos muy relevantes para no considerar a China una economía de mercado, ya que el control de su sistema económico por parte del Partido Comunista es un hecho incontestable, con planes quinquenales de objetivos que no casan bien con lo que se entiende por una economía de mercado.

Tampoco en materia de gobierno corporativo cumple las reglas establecidas por Bruselas, que incluyen la transparencia e implementación de normas de gobierno corporativo para proteger a los accionistas, información adecuada de las cuentas y aplicación de normas contables homologables. Las redes clientelares creadas entre empresas, partido comunista chino y gobierno impiden la transparencia requerida.

China no cuenta tampoco con una legislación aceptable que asegure la propiedad intelectual ni reglas adecuadas para las suspensiones de pagos, impidiendo la libre competencia en el mercado. Por último, tampoco el sistema financiero chino opera con independencia del gobierno, ya que debe cumplir con lo que dicte aquél en la asignación del capital. El coste de financiación no refleja el grado de riesgo ni otros factores, sino que se determina políticamente.

El exceso de capacidad de muchas industrias chinas es bárbaro, lo que le obliga a vender a pérdidas, que sufragan los bancos públicos ante el temor a que los cierres provoquen protestas sociales. Para hacerse una idea de las magnitudes chinas, basta decir que sus fábricas producen ya más acero que Japón, India, Estados Unidos y Rusia, juntos, pero la mitad de sus plantas están en pérdidas. En cemento, sector espoleado por la burbuja inmobiliaria y la inversión en infraestructuras, las cementeras chinas han producido en dos años más que las de Estados Unidos  en todo el siglo pasado.

Más libertad comercial para China podría costar hasta 230.000 empleos en España

China será por consiguiente tratada como una economía que no es de mercado a la hora de tomar las medidas antidumping a menos que sus empresas puedan demostrar que operan bajo las condiciones que se dan en las economías de mercado, lo que parece imposible. No obstante, la Comisión Europea ha propuesto un cambio en la política comercial, que todavía no cuenta con el consenso de los 28, por el que el normalizaría el estatus de China pero reforzando los medios de protegerse en caso de claro dumping, con una metodología más estricta de lucha contra la venta por debajo de costes, sea el que sea el país de origen, economía de mercado o no. Así, Bruselas trataría de desarmar cualquier intento de represalia de China ya que teóricamente trataría a este país como a cualquier otro.

El principal lobby patronal europeo, Aegis Europe, una alianza de 33 industrias, que ha luchado junto a los sindicatos en contra de conceder a China el nuevo estatus por la amenaza al empleo, ha criticado esta propuesta de la Comisión, ya que en su opinión introducir el nuevo concepto de “distorsiones significativas” para aplicar medidas antidumping es mucho más vago e impreciso que el criterio que se sigue ahora para reconocer una economía de mercado. Aegis Europe ha esgrimido entre otros un estudio sobre la amenaza de la sobrecapacidad productiva china en ochos sectores económicos.

Lo cierto es que hay varios informes que alertan del peligro de dar más libertad al comercio chino para el empleo y las economías de los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Uno del think tank Economic Policy Institute asegura que en los cuatro primeros años a partir de 2016, entre 2017 y 2020, la Unión Europea perderá 3,5 millones de puestos de trabajo, casi el 2% del total. España, aun no siendo el país al que más daño le haría esta medida, vería eliminados entre 137.000 y 273.000.