La reunión del Grupo de los Veinte, el llamado Gobierno Mundial, que acogió este fin de semana en Cairns (Australia) a los ministros de Economía y Finanzas y los gobernadores centrales de veinte países, los más ricos y las potencias emergentes, en el que España tiene el estatus de no miembro, pero sí de invitado permanente, ha sido frustrante para los sectores no gubernamentales que forman las organizaciones civiles, denominado C20 y sindicales, L20, y de jóvenes, Y20.
Las razones de esta frustración es la omisión de los problemas del paro, la desigualad, la exclusión social, el desempleo de los jóvenes y la corrupción que reina en buena parte de los países reunidos en Australia, en el comunicado final publicado tras concluir el encuentro. Con un claro sesgo financiero, en la redacción solamente aparece una vez la palabra empleo, y ninguna la de jóvenes, corrupción, pobreza y desigualdad.
La cumbre de San Petersburgo de hace un año recogía las demandas sociales
Ni siquiera se ha visto una ambición y determinación firme de aumentar el crecimiento económico, ya que se ha bajado del 2% al 1,8% el compromiso de aumento adicional del PIB de los países miembros hasta 2018. Como ha recordado la Civil Society 20 (C20), una de las organizaciones ‘oídas’ por el G20, se echa en falta en la narrativa de la cumbre las palabras que determinan ‘el crecimiento inclusivo’, aquel que beneficia a todos y en especial a los más desfavorecidos. En la reunión del G20 celebrada en San Petersburgo, quizás porque la presidencia rusa se vio más obligada por sentido histórico, se declaró que el G20 deseaba conseguir un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo, de tal suerte que todos, pero en especial los más pobres, se beneficiasen.
Los ministros de Economía y los gobernadores ni siquiera han tenido la cortesía de mencionar el problema del paro y la inclusión social, a pesar de que los ministros de Empleo y Trabajo, que se habían reunido hace una semana en Melbourne, habían hecho una declaración en defensa del crecimiento inclusivo. Lo mismo se puede decir de la falta de apoyo a la declaración del Y20 realizada en julio de este año en la que el foro de jóvenes recomendaba a los líderes económicos tomar una serie de medidas para promover el empleo de los jóvenes.
En cuanto a la corrupción, tampoco hay mención alguna de los ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales en el comunicado de Cairns. No resulta extraño cuando dos países miembros, Alemania y Japón, no han ratificado todavía la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sí se anuncia el acuerdo para frenar la elusión fiscal, con avances para completar el plan de acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) configurado por la OCDE, con un compromiso de finalizar todo el marco legal en 2015 y completar el sistema automático de intercambio de información fiscal a más tardar en 2018. Sin embargo, no se aprecia ninguna firmeza en conseguir la transparencia sobre la propiedad real (beneficial ownership) de los activos.
Transparencia Internacional activa una campaña para presionar en la cumbre del G20 de noviembre
Al respecto, Transparencia Internacional, ha activado una campaña, ‘Unmask the Corrupt’, en la que a través de una web se recogen denuncias de casos y apoyos contra el secreto del beneficiario último de sociedades, lo que permite el lavado de dinero y la corrupción de políticos, tapados por testaferros. Las peticiones, que se esperan millonarias, se enviarán a los líderes del G20, que deben reunirse a mediados de noviembre en Brisbane. “Me opongo a que se usen sociedades secretas para que los corruptos se apropien de fondos públicos” será el mensaje.
La respuesta de los líderes a estas peticiones será clave para comprobar hasta qué punto hay interés en acabar con la corrupción y debería dar visibilidad de los países que la protegen por intereses económicos, como el soborno de multinacionales para conseguir contratos fuera.
Los progresos realizados por el G20 en la lucha contra la corrupción se realizan a través del Anti-Corruption Working Group, copresidido actualmente por Australia e Italia, y que ha mantenido dos reuniones en febrero (Sidney), julio (Roma) y está prevista otra en octubre, en París, para presentar un documento en la citada cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20 en noviembre. Una buena ocasión también en la lucha contra la corrupción se presenta con la anunciada Global Infrastructure Initiative, definida en el comunicado de ayer como uno de los instrumentos básicos para conseguir el crecimiento económico mediante el desarrollo de infraestructuras. El Business 20 (B20), que representa a las empresas como grupo orientativo del G20, al igual que los sociales y laborales citados, ha publicado una serie de recomendaciones para combatir la corrupción, incluyendo mejores prácticas en materia de inversión en infraestructuras con la exigencia de integridad, limpieza y transparencia en los concursos públicos, que deben incluirse en el plan de acción global que se prepara para el bienio 2015-16.
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