La presión de los lobbies devalúa la Directiva sobre la transparencia de las grandes empresas

Hace unos días terminó el plazo para transponer la Directiva 2014/95/UE que afectará a las grandes empresas de más de 500 trabajadores. Aunque la exposición inicial era más ambiciosa (pretendía ser obligatoria y aplicarse también a las PYMES), la presión de los lobbies y de algunos países europeos han limitado sus efectos.

Sin embargo, esta norma marca el camino hacia una nueva cultura de la transparencia, imponiendo ciertos estándares éticos, medioambientales y sociales, según subraya elderecho.com. Destaca también como la obligación de incluir una declaración no financiera sólo atañe a las grandes empresas que sean de interés público y a las entidades de interés público que sean matrices de un gran grupo, con un número de empleados superior a 500. Se exime, de este modo, a las PYMES.

Asimismo, se prevé la omisión del deber de proporcionar esta información en casos excepcionales, como en acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de negociación cuando la divulgación de la información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial de la empresa. Sin embargo, el hecho de que no se prevean sanciones en caso de incumplimiento, produce un “efecto descafeinado” y poco ambicioso de la Directiva. El texto sólo prevé un compromiso por parte de la Comisión para elaborar un informe relativo a su aplicación, a más tardar, el 6 de diciembre de 2018.

En el ordenamiento jurídico español, los antecedentes en materia de RSC se encuentran en:

- La L2/2011, de economía sostenible, (art. 39.3).

- El Consejo Estatal de RSE, adscrito al Ministerio de Empleo y de Seguridad Social (CERSE).

- La LO 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (el art. 75, prevé una presencia equilibrada del número de mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles en un plazo de 8 años).

- La legislación autonómica sobre la materia (p.e. L 11/2009, de la Comunidad valenciana; Decreto 49/2015, de Madrid, L 15/2010, de Extremadura y L 4/2011, de Baleares).

En la actualidad, la Estrategia Española RSE 2014-2020 pretende extender las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia en el ámbito empresarial español.

Por su parte,  el RD Leg.1/2010, sobre sociedades de capital (art. 529 ter), prevé por ejemplo, la competencia indelegable del Consejo de administración, la creación de comisiones específicas sobre RSC, conflictos de interés, remuneraciones y diversidad de género en el Consejo.