La fiscalía de Estados Unidos busca más pruebas para imputar a uno de los propietarios de Mediapro

La fiscalía de Estados Unidos busca más pruebas aparte de la delación aportada por el directivo de Mediapro (grupo Imagina), Roger Huguet, para imputar delitos de corrupción a un propietario de Mediapro, del que conoce el nombre, pero que ha sido caracterizado como el co-conspirator4 en la imputación de los delitos contra Huguet en la demanda acusatoria de los fiscales que se dirime en el tribunal de Nueva York (Eastern District, Brooklin) que encabeza la jueza Carol Bagley Amon. Las pesquisas, diligencias, pruebas y acusaciones se enmarcan en la macrooperación contra la corrupción del fútbol internacional, encarnada en la Fifa, una operación en la que solamente hay nombres hispanos.

El escrito de acusación de los fiscales identifica al Co-conspirator 4 como un alto directivo y accionista de Media Company B (Mediapro). Mediáticamente conocidas solo hay dos personas con ese perfil, que La Celosía no desvelará en tanto el juzgado de Nueva York no lo haga. En el comunicado que el grupo Imagina, al que pertenece Mediapro, hizo público el pasado viernes, no se cita en ningún momento que además de Huguet y el brasileño Fabio Tordin, que han reconocido varios delitos a cambio de un buen trato, la fiscalía  neoyorquina busca más pruebas,  más allá de la delación del declarado culpable contra un tercero, con mayor poder ejecutivo que ambos en Mediapro, y se limita a declarar que “tiene su intención de cooperar plenamente con las autoridades judiciales norteamericanas. El Grupo hará todo lo que esté en su mano para aclarar las circunstancias en las que se han producido estos hechos y depurar las responsabilidades que sean necesarias por las actuaciones de cada uno de los imputados”.

En la imputación a Huguet, que ha sido el brazo derecho de Jaume Roures en América, los fiscales aseguran tajantemente que “en varias ocasiones entre 2008 y 2015, Huguet informó al Co-conspirator4, que se asentaba en Europa, de los sobornos pagados por cuenta de Media World (la filial de derechos de fútbol de televisión americanos de Mediapro) a directivos de alto rango de las federaciones  de Uncaf (Centroamérica) para asegurarse los derechos de esas federaciones de los partidos de clasificación del mundial. Entre otras cosas, Huguet dijo al Co-conspirator 4 que se habían utilizado contratos ficticios para ocultar la verdadera naturaleza y el propósito de las mordidas. Co conspirator 4 aprobó esas medidas”. Queda claro por consiguiente que el directivo y propietario de Mediapro, el denominado Co conspirator 4 tenía un mayor rango que Huguet y tenía que dar su aprobación.

Interpol y la Oficina de Asuntos Internacionales se encargan de que se siga la pista en España

Refiriéndose a otra operación, cuando Media World y Traffic USA habían establecido una alianza en 2012 para compartir gastos e ingresos de los derechos de fútbol del mundial de las federaciones de la Concacaf (América del Norte, Central y El Caribe), la fiscalía dice que “el Co conspirator 4 informó a Huguet que por cuenta de Media World había acordado con un representante de Traffic USA pagar la mitad de un soborno de 3 millones de dólares a un alto directivo de la Concacaf en relación a la consecución por parte de Traffic de los derechos de televisión de los partido de clasificación para el mundial 2018-2022. El Co conspirator 4 instruyó a Huguet para que facilitase el pago del citado soborno y Huguet lo aceptó”. Una nueva muestra de que un directivo de Mediapro en Europa (lo correcto sería decir España) estaba al corriente de los sobornos e incluso pactó alguno de los pagos.

El registro que se hizo la semana pasada en la sede de Media World en Miami tiene que ver con la búsqueda de más pruebas por parte de los fiscales, y no se descarta que se produzca alguna intervención judicial en España, teniendo en cuenta que la Interpol está actuando a través de su oficina en Washington y también la Office of International Affairs (OIA) que forma parte del departamento de Justicia de Estados Unidos, y es la encargada de requerir a países terceros ayuda para encontrar evidencia en las investigaciones y demandas que se siguen en los tribunales de Estados Unidos. La OIA se encarga de enviar las rogatorias. España y Estados Unidos tienen firmado un tratado de asistencia legal mutua.