La fiscalía anticorrupción de Panamá quiere incriminar al grupo de Sacyr por inflar costes en la obra del Canal

A pocos días de la inaugurar la ampliación del Canal de Panamá, prevista para el 26 de junio, una obra que ha costado al país centroamericano más de 5.000 millones de dólares, y en la que ha jugado un papel fundamental la española Sacyr, como cabeza del consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal) que se adjudicó la parte más relevante de la obra,  el diseño y la construcción del nuevo juego de esclusas, la Fiscalía Tercera Anticorrupción que preside Zuleika Moore busca pruebas para incriminar al grupo de la española por intento de estafa  y fraude contractual mediante la reclamación de dinero a la Autoridad del Canal con costes inflados de la obra. La fiscalía ha ordenado una inspección en la asesoría legal de esta institución pública para comprobar las acciones que se han tomado frente a la presunta mala fe de Sacyr y sus socios del consorcio, según ha informado el periódico ‘La Estrella de Panamá’.

Esta diligencia activa una denuncia presentada en marzo de este año por el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá,  Juan Carlos Araúz, que basó su querella penal por fraude contractual y falsedad en declaraciones del propio administrador de la Autoridad, Jorge Luis Quijano, quien había asegurado que era evidente la tendencia del grupo de Sacyr de presentar costes inflados. El querellante considera que la reclamación por parte del contratista GUPC de 3.473 millones de dólares derivada de “costes imprevistos surgidos en el proyecto” puede sorprender al país en su buena fe e incurrir en pagos no justificados y que las soluciones arbitrales a las que encomienda las disputas no pueden ser utilizadas como método de presión para llegar a acuerdos que rompen la buena fe contractual. Araúz considera que esta conducta debe ser ventilada por el derecho penal económico.

La reclamación del grupo de Sacyr es superior al monto del contrato de la obra, que fue 3.118 millones de dólares, y que se consideró una puja temeraria en su momento por ser mucho más baja que las del resto de contendientes en el concurso. La fórmula para reclamar consta de tres etapas, primero ante la propia Autoridad, luego en la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y por último en un tribunal de arbitraje en Miami de la Cámara de Comercio Internacional. En la última memoria trimestral de la ACP se describe la situación procesal de todos los reclamos de Sacyr.

Este tribunal verá por primera vez del 18 al 29 de julio una reclamación por sobrecostes en la ataguía de la nueva esclusa del Pacífico.  La junta de resolución de conflictos falló a favor de la Autoridad y  Sacyr reclama en la apelación 218 millones de dólares más intereses y costas y una prórroga de 120 días sobre el plazo de entrega, ya que el  contrato de entrega estipulaba unas penalizaciones muy elevadas por  retrasos.

Hasta ahora, Sacyr no ha conseguido ningún éxito relevante en sus peticiones milmillonarias. De los más de 2.000 millones reclamados a la Autoridad en primera instancia sólo se le han aceptado 22 millones, y de los 930 millones sobre los que ya ha resuelto la Junta le han dado la razón en 326 millones.  El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha dicho que negociará con las autoridades de Panamá sobre los reclamos ‘cuando los barcos comiencen a pasar’. La interferencia del poder judicial en este asunto puede entorpecer esas negociaciones. Si la jugada no le sale bien a Sacyr puede tener problemas contables importantes ya que ha incorporado al balance del grupo 1.090 millones de dólares, aproximadamente un tercio de lo reclamado.

A 31 de diciembre del ejercicio pasado, “la sociedad GUPC, en la que Sacyr controla el 48%, había cobrado certificaciones de obra por importe de 3.359,6 millones de dólares, lo que supone un 93% de grado de avance de obra, reconocido y pagado por el cliente. Por otra parte, al cierre de 2015, el saldo de anticipos realizados por la ACP a GUPC ascendía a 860 millones de dólares”, según informaba la propia Sacyr en el informe anual de 2015. La no devolución de esos anticipos podría ser causa también de disputa.