En noviembre pasado se registraba como lobista en Bruselas Coca-Cola Enterprises (CCE), una de las mayores embotelladoras y distribuidoras en el mundo de los refrescos de la multinacional norteamericana. CCE destina 450.000 euros a acciones de lobby en Bruselas, la mitad de lo que invierte la multinacional de Atlanta, 900.000 euros. Fiel a las directrices de su principal cliente -las marcas The Coca-Cola Company representan más del 90% de sus envases-, Hans van Bochove, encargado de las relaciones en la Unión Europea, sigue atentamente todas las políticas públicas y la legislación comunitaria que afectan a los productos de la marca americana.
Coca-Cola, pendiente del impacto ambiental
en Europa de los millones
de envases de refrescos
La reforma de la PAC (con especial atención a la política azucarera), la revisión de la Directiva de residuos y envases y el Plan de Acción Europeo contra la Obesidad Infantil fueron analizados por los expertos de la CCE. La política de la UE sobre Clima y Energía, con el horizonte 2030, también es objeto de preocupación en la multinacional por el impacto ambiental que causan los envases de los refrescos. Hans van Bochove fue el responsable de la publicación del primer informe de responsabilidad social en Coca-Cola y ha estado en la vanguardia del desarrollo de estrategias de RSE, desde la administración del agua –en la India se han registrado graves enfrentamientos con la marca por este motivo- al reciclaje de envases.
CCE crecerá en torno al 10% en 2014, según indica la información proporcionada por la marca norteamericana. Con unas ventas netas de 8.200 millones de dólares en la UE en en el ejercicio 2013, la embotelladoras emplea a 11.750 personas y cuenta con diecisiete plantas de producción. CCE suministra refrescos a 170 millones de europeos en Bélgica, Francia continental, Gran Bretaña, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Noruega y Suecia.
La distribuidora española se salta las sentencias
En España, CC.OO ha advertido a Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), la distribuidora española, que pedirá el embargo ante los tribunales si no ejecuta la sentencia que le obliga a la readmisión de los despedidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El sindicato ha solicitado al Gobierno que intervenga para poner fin a un año de conflicto laboral que está provocando que los afectados ni cobren las prestaciones por desempleo ni sus salarios. Desde la compañía embotelladora con sede en nuestro país justifican la decisión de acometer los despidos por un exceso de capacidad de producción del 48% que les llevó al cierre de 4 de sus 11 fábricas en España.
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