La Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly, investiga posibles conflictos de interés de Mario Draghi y directivos del BCE con un think tank bancario

Una denuncia presentada por Corporate Europe Observatory (CEO), la organización civil que vigila y controla el poder de los lobbies en el ámbito de la Unión Europea, ha servido de catalizador para la apertura de una investigación por parte de de la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O´Reilly, sobre el posible conflicto de interés del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y otros directivos del supervisor y regulador bancario de la zona euro, por su pertenencia o presencia en grupos de trabajo en el denominado ‘Grupo de los Treinta’, un think tank internacional con sede en Washington, que se fundó en 1978 con aportaciones de la Fundación Rockefeller, y que integra a personajes destacados del mundo académico y de la banca, fundamentalmente. Ahora mismo preside el patronato, Jacob Frenkel, que es presidente de JP Morgan Chase International y fue gobernador del Banco de Israel.

CEO, que no admite donaciones de gobiernos, instituciones europeas o empresas, denunció ante la Defensora del Pueblo en noviembre del año pasado lo que entiende como una falta de guardar las formas y las distancias entre quienes toman decisiones en el Banco Central Europeo y los banqueros privados del G30.  La razón es que no se puede alimentar sospechas sobre la integridad del BCE, una institución con un poder económico enorme al determinar la suerte del euro y la política monetaria de gran parte de la UE, por el hecho de que el presidente del BCE, Mario Draghi sea un miembro de pleno derecho del G30, y directivos del banco hayan participado en grupos de trabajo del think tank. El único español que está en la organización del G30 es Guillermo de la Dehesa, vicepresidente  del Banco Santander y presidente de la aseguradora Aviva.

El vigilante de los lobbies en su denuncia  alega que en los dos últimos años, además de la participación de Draghi en las reuniones, a veces confidenciales, del G30, la miembro del consejo de supervisión del banco central, Julie Simpson, ha participado en un grupo de trabajo de la institución privada que hizo recomendaciones sobre supervisión bancaria. También la integrante del consejo ejecutivo del BCE, Sabine Lautenschläger, participó en el seminario anual organizado por el G30 en 2015. El propio think tank afirma que en los actos que organiza con foros en los que la participación está restringida a invitados se reúnen miembros notables de la banca, las finanzas y reguladores para “hablar off the record” con el fin de intercambiar francos intercambios de vista y opiniones. CEO se asombra también de que el ex presidente del BCE, Jean Claude Trichet, también miembro de pleno derecho del G30, haya sido elegido para presidir el comité de Ética del Banco Central.

El BCE no tomará medidas en su relación con el G30

La carta de denuncia incorpora la correspondencia mantenida por el vigilante de los lobbies con el BCE y ante la última respuesta de éste, en la que subraya que no ve la necesidad de tomar medidas de prevención de conflictos de interés, CEO decidió denunciar. Ahora Emily O´Reilly ha enviado una carta a Draghi, con fecha 17 de enero, en la que le comunica que ha decidido abrir una investigación formal sobre los  hechos denunciados.

La Defensora del Pueblo, como primer paso de su investigación, pide al BCE que facilite la inspección de todos los documentos que el banco central tiene sobre su relación con el G30, y le propone a Draghi que aprovechando la inspección se reúnan con los miembros relevantes del BCE para tratar los asuntos denunciados, y le comunica que con posterioridad, una vez estudiado el tema, es muy probable que le pida un descargo por escrito.