La CE rebaja los controles a las empresas en contra del pronunciamiento de 50 organizaciones civiles

Con el argumento de que el 70% de los europeos perciben las leyes comunitarias como demasiado complicadas y onerosas, Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea (CE), ha dado luz verde a la iniciativa #BetterRegulation (Legislar mejor), que pretende aligerar la normativa existente en beneficio de las empresas. FoodDrinkEurope, la patronal de las multinacionales de alimentación y bebidas, ha sido la primera en mostrar su apoyo a la CE. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil se han posicionado en contra de esta iniciativa comunitaria a través de la red Watchdog (perro guardián), que busca proteger los derechos de los ciudadanos trabajadores y consumidores.

La Comisión Europea anunció ayer, 19 de mayo, un paquete integral de reformas que impulsará la apertura y la transparencia en el proceso de toma de decisiones de la UE. Su objetivo es mejorar la calidad de las nuevas leyes a través de mejores evaluaciones de impacto de los proyectos de ley y enmiendas, así como promover la revisión constante y consistente de las leyes vigentes. Se pretende contar con el respaldo del Parlamento y el Consejo Europeo y los grupos interesados antes de finales de 2015. “Escuchamos las preocupaciones de los ciudadanos y las empresas -especialmente la PYME- que no siempre son capaces de entender o aplicar las normas. Una mejor regulación no supone el menoscabo de nuestros altos estándares sociales y ambientales, de nuestra salud o de nuestros derechos fundamentales”, argumenta Frans Timmermans.

Con su pretensión de reducir la burocracia,

la CE cruza una línea roja

Los 50 miembros de Watchdog han expresado su preocupación de que con la disculpa de descargar la legislación comunitaria se debiliten reglamentos esenciales, subordinando el bien público a los intereses corporativos. Con su pretensión de reducir la burocracia la CE cruza una línea roja, según las organizaciones civiles. “Esta propuesta es un mal negocio para el Parlamento Europeo, los ciudadanos europeos y la democracia europea en general”, señala Jeremy Wates, secretario general de la Oficina Europea de Medio Ambiente, la mayor coalición de organizaciones ambientalistas. Un principio clave del paquete es la reducción del número de leyes aprobadas en la UE cada año. Timmermans y su equipo ya han reducido la tasa prevista de la legislación de 2015 en un 75 por ciento, señala  Wates. Este experto recuerda como de 100 leyes promulgadas al año, para 2015 sólo se contemplan 23. Y aporta un dato significativo: la mayoría de la burocracia proviene de áreas como la fiscalidad y las aduanas, no de las políticas ambientales.

Desde la Comisión se promoverá un escrutinio público, con un portal web donde se pueden seguir iniciativas y nuevas consultas públicas. Después de adoptada una propuesta, cualquier ciudadano o las partes interesadas tendrán ocho semanas para ofrecer comentarios o sugerencias que alimentarán en el debate legislativo en el Parlamento y el Consejo. La CE asegura que ya está trabajando activamente para reducir las cargas en áreas tales como el IVA, la contratación pública, estadísticas de las empresas y productos químicos.

Debilitar, retrasar y desechar las normas ambientales

“Observamos una falta de voluntad de la nueva Comisión Europea para proteger a los consumidores de alimentos poco saludables o productos químicos peligrosos”, señala Monique Goyens, directora de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), que participa en Watchdog. Para Christophe Nijdam, secretario general de Finanzas Watch, el crecimiento y el empleo necesitan estabilidad financiera y advierte de la necesidad de contar con un marco normativo sólido para el sector financiero. “La Comisión tiene la intención de debilitar, retrasar y desechar las normas ambientales”, advierte Magda Stoczkiewicz, directora de Amigos de la Tierra Europa.

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