Se nota que la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y los señalamientos sobre la debilidad del país en el combate contra el lavado de capitales es la primera preocupación profesional de Alberto Diamond.
El superintendente de Bancos de Panamá recibió en su despacho a La Prensa y lo primero que hizo después de los saludos protocolarios fue mostrar una serie de publicaciones sobre la materia que –dijo– “estaba estudiando”.
En una conversación de más de una hora aborda, además, los problemas de imagen exterior del país, la crisis con Colombia, la presión sobre la reserva bancaria y su futuro en la Superintendencia.
¿La inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y sus consecuencias es el mayor desafío para el sector financiero panameño en la actualidad?
Sí, es un reto muy importante que tenemos en el sector financiero panameño en términos generales. El contexto va mucho más allá del blanqueo de capitales per se. El contexto es todo lo que representan actividades ilícitas, que incluyen dineros provenientes de narcotráfico, de personas, armas, incluyendo en esas actividades la sobrefacturación y la facturación ficticia, el lavado de dinero procedente de actividades comerciales. La evasión fiscal es otra área importante y tercero, el dinero ilícito procedente de sobornos, coimas y robo de activos del Estado.
El llamado de atención que trae el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el informe publicado a principios de este año es un campanazo para que despertemos ante una realidad. La realidad es que nuestra estructura de prevención y control del flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas es débil, no es funcional, tiene muchos agujeros que tienen que ser reparados prontamente, y de ahí surgen iniciativas de trabajar en un nuevo marco jurídico para darle forma legal a las actividades que tenemos que emprender.
Aparte de lo que es una nueva legislación, debemos tener muy claro el hecho de que se requiere una coordinación entre los distintos estamentos del Estado para tener éxito en el objetivo de perseguir estos delitos. Obviamente, la prevención es el primer paso y la prevención la tratamos de ejercer reglamentando, regulando las entidades dedicadas a operaciones financieras. Igual hay otras actividades que no son financieras, como casinos, zonas libres, etc., que tienen también vulnerabilidades, porque pueden producir actividades ilícitas de alguna manera. Es un contexto muy grande.
Generalmente en Panamá se piensa que son los países desarrollados los que nos quieren imponer condiciones a los panameños para controlar sus problemas de evasión fiscal. Yo no comparto 100% esa manera de verlo. Nunca decimos nada de los problemas de evasión fiscal en Panamá. Tan ausente está el diálogo en ese tema que parece que consideramos que en Panamá no existe evasión fiscal. Hace dos semanas, en Washington, pregunté a expertos del FMI sobre su metodología para cuantificar la evasión fiscal. Sí la tienen, pero el país tiene que darles cierta información.
Sugiero que nuestro país avance sobre la estimación de la evasión fiscal, porque ciertamente tenemos que analizar eso y tenemos que buscar la manera de controlar la evasión fiscal que se pueda producir en nuestro país. No es que sea un problema que no nos incumbe. Sí nos debe preocupar en cómo controlamos la evasión fiscal, que genera transferencias ilícitas de capitales a nivel internacional.
En el último tema, sobre robos, sobornos y activos del Estado son temas que se discuten, que preocupan siempre a los ciudadanos de cualquier país, que estos días haya noticias en las primeras planas de un caso que se está tratando en la Asamblea Nacional. Es una realidad, es algo por lo que los panameños nos tenemos que preocupar. Son realidades que tenemos que manejar para buscar cómo se reprime, cómo se controla.
Hay una particularidad en todo esto, que es el uso de vehículos jurídicos, ya sea sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, fideicomisos u otro tipo de vehículos legales. Generalmente, las sociedades panameñas de alguna manera están lamentablemente en algunos casos internacionales de actividades ilícitas. Hice referencia a una publicación que hizo La Prensa el lunes 13 de octubre relacionada con una conferencia latinoamericana de periodismo que se llevó a cabo en México. El titular dice Panamá, la ruta del dinero. Se trata de un trabajo hecho por un periodista peruano sobre un caso del expresidente Alejandro Toledo. Dice que trianguló dinero público a través de varias empresas en Panamá para adquirir propiedades lujosas y exclusivas. La actividad de vender sociedades es un negocio legítimo que tiene Panamá y muchas jurisdicciones en el mundo, inclusive la más importante es la jurisdicción del estado de Delaware en Estados Unidos, que es la jurisdicción que más sociedades vende en el mundo.
Hoy día, dadas las circunstancias y características de muchos casos de flujo de dinero ilícito, siempre se observa algún vehículo jurídico, que puede ser una sociedad panameña o de otra jurisdicción. Lo que han hecho otras jurisdicciones es que han regulado las empresas que se dedican a la prestación de estos servicios societarios o corporativos, a la constitución de sociedades, aportar nombres de directores, dignatarios y agentes residentes. En Panamá tenemos la particularidad de tener tanto la actividad bancaria como la actividad de venta de sociedades y la formación de fideicomisos.
Esta noticia a la que hago referencia refuerza lo que yo he dicho muchas veces. Por asociación, se piensa que si hay una sociedad panameña involucrada en alguna actividad presuntamente ilícita, es el centro bancario panameño el que está involucrado. Eso lo implica la noticia, porque dice “Panamá, la ruta del dinero”. Sin embargo, no he podido encontrar en la noticia algún indicio de que fueran utilizados bancos en el centro bancario panameño para la triangulación del dinero a la que se alude. Eso es preocupante. Realmente, hay organismos que promueven la adecuada regulación de las entidades que se dedican a la prestación de servicios societarios. Este es un tema que se ha analizado por mucho tiempo y es importante que en Panamá tengamos un debate de altura sobre esta situación.
Luego de haber hecho una serie de visitas a Estados Unidos (EU) para hablar con grandes instituciones financieras y con los reguladores importantes de ese país, hemos podido sacar la conclusión de que no se tiene una buena imagen de Panamá en estos aspectos y que la percepción de nuestra imagen no es la mejor. Por eso es indispensable que hagamos todos los esfuerzos necesarios para contrarrestar esa percepción que se tiene de Panamá. Algunos representantes del FMI argumentan que Panamá se ha quedado fuera del diálogo internacional sobre transparencia financiera por mucho tiempo. Toda esta coyuntura en la que nos encontramos gira alrededor de la transparencia financiera que el mundo espera de Panamá, al igual que de otras jurisdicciones. Sobre todo Panamá, cuando tenemos un centro bancario con reconocimiento internacional, en el que debemos ser proactivos en solucionar los problemas que tenemos.
Un mensaje claro de instituciones financieras en EU es que quieren continuar haciendo negocios con Panamá, pero Panamá tiene que hacer algo con relación a la situación en la que está actualmente. Por eso es que me preocupa tanto que todos los panameños unamos los esfuerzos para que de manera muy proactiva establezcamos las medidas correctivas de las brechas que se nos han señalado en el tema de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
No es algo que solamente afecte al sector bancario…
Es una cuestión de país. El contexto es tan amplio que no lo podemos ver exclusivamente en el tema del lavado del dinero. Quiero pedirles a los panameños que abramos los ojos y miremos esto con luces largas.
Sobre las sociedades, se trata de un negocio legítimo como usted señala, pero ¿se ha hecho algún tipo de análisis sobre los beneficios que esta actividad le genera al país contra las desventajas que le causa en términos de imagen cuando salen informaciones en el exterior sobre sociedades panameñas que se utilizan para hacer actividades ilegales?
Debemos tener un debate de altura sobre este tema. Sí, se tiene que hacer ese análisis. Y nos va a conducir, a mi juicio, a evaluar la necesidad de introducir regulación adecuada a las entidades que se dedican a la venta de sociedades y otros servicios corporativos. En el mundo esto está siendo regulado. Hay un grupo al que pertenece la Superintendencia de Bancos que ha publicado un documento que recomienda la regulación básica para las entidades que prestan servicios societarios. Esa actividad no ha estado regulada en Panamá. Es una actividad financiera que tiene que ser regulada. Varias jurisdicciones del Caribe son parte de ese grupo, igual que Panamá. Estamos comprometidos a cumplir con los estándares internacionales tanto de Basilea, como del GAFI, como los principios de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Estas jurisdicciones que cumplen con estos estándares siguen siendo jurisdicciones competitivas. Mi criterio es que desde el punto de vista financiero, Panamá debe competir buscando siempre que sean transacciones que mueven dinero lícito. No debemos competir con el dinero ilícito. Esa no es la competencia en la que queremos estar. No me parece a mí que como país serio de gente honesta debemos mirar a actividades ilícitas y que esas actividades produzcan beneficios. No queremos el dinero malo aquí. No aceptaría estar en una función como la que estoy si somos tan permisivos que las actividades ilícitas fluyen por nuestro país libremente sin que eso nos cause ningún escozor. Los panameños somos en su gran mayoría gente honesta. Eso tenemos que proyectarlo. Lamentablemente la imagen no es la mejor, como mencioné. La percepción que se tiene no es la mejor. Hay tres fuentes de dinero ilícito: tráfico, evasión y corrupción. En el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, ¿cuál es en el que peor hemos sido calificados? corrupción. Entonces, hago un llamado de atención. Como país, qué queremos hacer al respecto. Tenemos que unir las cabezas pensantes y abordar ese tema en un diálogo de altura.
El asunto es de Estado, pero quienes están sintiendo los efectos primero son los bancos, ¿Cómo está la relación con los bancos corresponsales de EU?
Los bancos corresponsales continúan haciendo actividades con los bancos panameños. Hay casos en los que se ha perdido o han reducido actividades con ciertos bancos. Es una decisión de negocios. Claro que sienten presión por parte de los reguladores. Deben poner en una balanza el riesgo versus los beneficios. Entonces, si ven que el riesgo es mayor de lo que ellos esperan por los beneficios que reciben, entonces la decisión es retirarse de esa transacción. Esta es una evaluación continua. No ha habido una crisis en este momento, pero es de ello que nos tenemos que proteger. Sí, están esperando que se cumplan las cosas que les hemos comentado que estamos haciendo, introduciendo los cambios regulatorios en Panamá. Ellos están esperando a ver esos resultados. Las visitas buscan poder ver cara a cara a estos ejecutivos de grandes instituciones financieras, no solo de parte del regulador, hemos estado acompañados de miembros del sector privado, para mostrar una coordinación, un compromiso de hacer y lo que están esperando son los resultados. Una vez que mostremos los resultados y que el país esté tomando las acciones pertinentes, esas relaciones seguirán. Si esas acciones no apuntan a una mejoría, obviamente vamos a tener mayores problemas.
¿Qué sucedería si los bancos de Estados Unidos deciden no trabajar con los panameños?
Ante ese caso hipotético, la afectación al centro bancario sería muy grande. Todas las transferencias entrantes y salientes pasan por los bancos de Estados Unidos. Nosotros no esperamos a que eso vaya a suceder.