Si queremos mantener nuestra credibilidad con los votantes antes de las elecciones parlamentarias de mayo, debemos asegurarles que los políticos deben rendir cuentas y que estamos respetando nuestras propias reglas, explica Heidi Hautala, eurodiputada finlandesa y vicepresidenta del Parlamento Europeo. Confiesa que como miembro relativamente nuevo de la Oficina del Parlamento Europeo, donde se toman las decisiones relativas a la administración y al presupuesto del Parlamento, ha experimentado de primera mano cómo sus miembros están enterrando silenciosamente reformas de transparencia esenciales a puerta cerrada.
“El resultado es malo para la democracia europea y pone en riesgo nuestro futuro. La Oficina del Parlamento, por ejemplo, ha bloqueado las reformas que garantizarían que los eurodiputados deben informar sobre cómo gastan su denominada ‘Asignación de gastos generales’ de alrededor de 4.400 euros al mes, dinero público destinado a cubrir los costos de administración de oficinas y otros gastos. Los eurodiputados reciben esta cantidad como una suma global cada mes, sin que exista la obligación de rastrear cómo se utiliza”, subraya Heidi Hautala.
Los miembros de la Mesa justifican su posición insistiendo, una y otra vez, en que un miembro del Parlamento Europeo tiene derecho a un ‘mandato libre’, lo que significa que puede actuar independientemente de la presión externa. Reclaman controles adicionales sobre sus actividades y los gastos que obstaculizarían su capacidad para realizar sus tareas. Pero este argumento no es más que un plan para detener las reformas de transparencia que la institución necesita adoptar desesperadamente.
No son exigibles resúmenes anuales de los gastos
La renuencia de la Oficina a cambiar las reglas va en contra de la voluntad de la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo, una mayoría de los cuales ha votado en varias ocasiones para lograr una mayor transparencia en lo que respecta a la asignación que reciben. El único paso real que tomó la Oficina fue estipular que el subsidio se pague en una cuenta bancaria separada. Otros cambios propuestos, como exigir que los eurodiputados conserven los recibos y publicar resúmenes anuales de los gastos, fueron rechazados. La mayoría de los miembros de la Mesa alegaron que las medidas voluntarias de transparencia son suficientes.
La mala gestión del presupuesto de las instituciones europeas, del que viven 6.000 funcionarios –eurodiputados incluidos- fue criticada hace cinco años desde su escaño por el austríaco Hans Peter Martin, ahora retirado de la política. En el documento ‘Los pecados de 2014’denunció, con nuevos datos, el lujoso tren de vida de los políticos y funcionarios. Y lanzó una advertencia: en 2020, la mitad de los funcionarios del Parlamento Europeo se jubilará con una pensión media de 5.000 euros – el doble de la pensión máxima que se puede cobrar en España, 2.554,49 euros, y siete veces más que la mínima, 780,9 euros, según los cálculos realizados entonces por La Celosía- cuando el fondo de pensiones de los funcionarios comunitarios arroja un déficit de 207,9 millones de euros que puede acabar costeando el sufrido contribuyente. La pensión máxima que puede recibir un eurodiputado es de 5.600 euros mensuales. Para cobrarla tiene que haber ejercido durante 20 años.