España ocupa el puesto 17 -que comparte con India, Canadá e Italia-, de los 122 países analizados en el Índice Global de Datos Abiertos 2015 (Global Open Data Index, pro sus siglas OKFN). Este índice, que se publica desde 2013, tiene como objetivo medir la forma en la que los gobiernos abren los datos a los ciudadanos. Open Data Index evalúa a las naciones según el nivel de disponibilidad y accesibilidad de la información perteneciente a diez categorías principales, entre las que se incluyen gastos gubernamentales o gasto público, resultados de elecciones, horarios de transporte y nivel de contaminación medioambiental.
Aunque nuestro país asciende desde el puesto 31 que ocupaba en 2014 al 17 en 2015, el ranking constata la poca transparencia de España en gastos gubernamentales donde tan sólo alcanza 10 puntos sobre 100; puntuación que resulta aún más baja en propiedad de la tierra y registro de empresas, 5 puntos sobre 100; mientras batimos el récord de opacidad con 0 puntos sobre 100 en ubicación de datos. “Me parece de celebrar la posición de España, pero la pregunta es ¿Se abren realmente los datos que la población quiere? Precisamente en el peor de los puestos que aparecemos es el que tiene que ver con el registro mercantil, una auténtica pena que no tengamos información de las empresas, es el lado oscuro”, señala Guzmán Garmendia, experto en Gobierno Abierto, ex miembro de la Junta Directiva de OKFN y uno de los defensores de que en España haya verdadera transparencia.
Hay que abrir todos los datos
para generar riqueza pública
“El trabajo de la OKFN me parece perfecto, pero echo de menos más puntos a evaluar. Me parece muy pobre y lo suyo sería un estudio en el que se evalúe la necesidad de abrir todos los datos para generar riqueza pública”, subraya. Garmendia cree que ha sido un error seguir en España la moda de abrir portales de datos -no todas las comunidades autónomas lo han hecho bien- que luego no están actualizados y en los que faltan muchos archivos, tanto históricos como sonoros. Los expertos creen que se deben ofrecer al ciudadano datos de alto valor social y democrático que alienten la creación de nuevos servicios en beneficio de la sociedad.
Por primera vez en la historia, el Índice de Open Data evalúa los datos abiertos en licitaciones públicas, considerada una información crucial. Las ofertas de los gobiernos a las empresas ascienden a 9,5 billones de dólares, alrededor del 15% del PIB mundial. La contratación pública es el principal riesgo de corrupción y fraude. Con demasiada frecuencia, cuando el gobierno y los negocios coinciden, el interés público no es la más alta prioridad. Los escándalos menudean en los procesos de contratación fallidos.