España perderá más de 250.000 empleos si la UE reconoce a China como ‘economía de mercado’

La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 generó una revolución en el comercio mundial al liberalizarse en buena medida el comercio con ese país, que pronto se convirtió en la fábrica del mundo. Cuando de produjo la adhesión, China no obtuvo la calificación de ‘Economía de Mercado’ y de esta forma los países que lo tienen, que son la mayoría, se guardaban medidas de defensa de sus industrias con el requerimiento de medidas antidumping contra los productos chinos en caso de que se atentara a la libre competencia, como ha ocurrido muchas veces. La Unión Europea ha introducido más de cincuenta medidas contra la importación de productos chinos por considerar que Pekín estaba vendiendo por debajo del precio del coste de producción con el único fin de limpiar el exceso de producción y ganar cuota de mercado.

En poco más de un año, diciembre de 2016, China obtendrá el estatus de ‘economía de mercado’ si la Unión Europea y Estados Unidos, las dos grandes potencias comerciales, con los mercados más importantes, no se oponen. En Europa hay un movimiento muy importante por parte de los empresarios en contra de que se conceda a China semejante calificación, ya que ha incumplido muchas de las promesas que hizo en la adhesión, y hay informes del brutal coste que sufriría en materia de empleo la eliminación de cláusulas de salvaguardia por parte de la UE.

Un estudio publicado la semana pasada por el think tank Economic Policy Institute (EPI), con sede en Washington, asegura que si China consigue liberarse de las cadenas que suponen las cláusulas de salvaguardia, en los cuatro primeros años a partir de 2016, entre 2017 y 2020, la Unión Europea perderá 3,5 millones de puestos de trabajo, casi el 2% del total. España, aún no siendo el país al que más daño le haría esta medida, vería eliminados entre 137.000 y 273.000. Estos datos se extrapolan de un modelo en el que las importaciones de productos chinos aumentarían entre un 25 y 50% respecto a las de 2011. Una hipótesis muy conservadora según los datos que ofrece el estudio. El déficit comercial generado haría caer el PIB entre un 1 y 2% en el conjunto de la UE.

Textil sería el sector que  más empleo perdería, entre un 8% y 15% del total, seguido de electrónica, informátia y óptica, entre el 9% y el 18% mientras que la industria del mueble cedería entre un 4 y un 8%, y el metal se dejaría hasta un 3%. Fuera de la fabricación, el sector de distribución perderían hasta un 1,7%, y un 0,6% en servicios. La lista de industrias vulnerables alcanza a la de componentes del moto, con 1,2 millones en riesgo, papeleras (647.000), acero (350.000), cerámica (338.000), vidrio (100.000), aluminio (80.000) y otros miles en química, renovables y otros.

China dice que el acuerdo de adhesión de 2001 dejaba claro que a partir del 11 de diciembre de 2016 todos los países miembros de la OMC deben concederle el estatus de ‘economía de mercado’, lo que supone que si quieren introducir medidas antidumping  nunca lo podrían hacer unilateralmente como es ahora el caso. En la Unión Europea, donde los tecnócratas de la Comisión parece que está a favor de las razones de China, se ha desatado un lobby feroz en contra de conceder el estatus de ‘economía de mercado’. Los grupos de presión de patronales y sindicatos están unidos en esta guerra, en la que fundamentalmente perdería las pequeñas y medianas empresas.

Aegis Europe, una alianza de 25 patronales europeas, lleva meses advirtiendo del peligro y manteniendo conversaciones con comisarios y europarlamentarios. En la misma línea trabaja el grupo de presión sindical europeo, aglutinado en Industriall. Ambos coinciden en señalar que China no cumple los criterios establecidos por la Comisión Europea para definir una economía de mercado. En un informe publicado el pasado mes de junio y elaborado para la patronal por Think Desk, una consultora para asuntos de comercio con China,

China incumple las condiciones técnicas para ser una economía de mercado

En primer lugar en una economía libre, la asignación de recursos y la toma de decisiones en las empresas deben tener muy baja influencia del gobierno, directa o indirectamente. Resulta obvio que el gobierno chino interviene en gran medida en la actividad como ha quedado patente en la crisis bursátil. Tampoco en materia de gobierno corporativo cumple las reglas establecidas por Bruselas, que incluyen la transparencia e implementación de normas de gobierno corporativo para proteger a los accionistas, información adecuada de las cuentas y aplicación de normas contables homologables. Las redes clientelares creadas entre empresas, partido comunista chino y gobierno impiden la transparencia requerida.

Tampoco China tiene una legislación aceptable que asegure la propiedad intelectual ni reglas adecuadas para las suspensiones de pagos, impidiendo la libre competencia en el mercado. Por último, tampoco el sistema financiero chino opera con independencia del gobierno, ya que debe cumplir con lo que dicte aquél en la asignación del capital. El coste de financiación no refleja el grado de riesgo ni otros factores, sino que se determina políticamente.

La sobrecapacidad de las fábricas de China impide concederle el estatuto de economía de mercado