Hace unas tres semanas, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, dio a conocer la Agenda Energética, un grupo de iniciativas y proyectos de ley que tienen por objetivo aumentar la competencia en el sector y bajar los costos de la energía. Un desafío que el presidente de Colbún -la generadora del grupo Matte-, Bernardo Larraín, califica de ambiciosa y que celebra “porque establece metas claras, lo que permite anclar la discusión en algo que es importante para todos, como son los costos de la energía”. Pero la Agenda Energética no es lo único que lo mantiene ocupado por estos días. El próximo martes, 10 de junio, el Comité de Ministros zanjará el futuro del emblemático proyecto hidroeléctrico HidroAysén, donde Colbún es socio con Endesa.
Este martes se zanjará el futuro de HidroAysén en el Comité de Ministros, ¿qué espera?
Primero, no tiene sentido especular sobre una resolución que saldrá en 4 días más. Segundo, no hay que dramatizar esa resolución, porque esta es una etapa más de la institucionalidad ambiental y en función de la resolución que el Comité de Ministros adopte, los distintos actores que están participando podrán definir si recurren a la instancia siguiente que es el Tribunal Ambiental, que fue creado hacia fines del primer gobierno de Bachelet, y que precisamente tuvo como propósito completar la institucionalidad ambiental con una instancia especializada que integre en sus decisiones criterios legales, técnicos y científicos. Y tercero, lo más relevante para la discusión país sobre el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Chile, incluido el de Aysén, son los procesos contenidos en la Agenda: la zonificación territorial de cuencas y el proceso de política energética participativo; ahí es donde Chile debiera enfrentar el tema.
Y después del Tribunal Ambiental viene la Corte Suprema, donde ustedes ya ganaron una vez, ¿les da confianza eso?
Es pertinente analizar la tramitación ambiental de HidroAysén a la hora de reflexionar sobre cómo el Estado ha actuado en relación a la institucionalidad ambiental. Se dice que la institucionalidad no ha dado el ancho y se debate sobre su perfeccionamiento: zonificación territorial, evaluación ambiental estratégica y participación ciudadana temprana. También se dice que las empresas no han dado el ancho, y que deben iniciar más temprano la socialización de los proyectos. Ambas discusiones legítimas. Se habla menos, sin embargo, sobre las acciones y omisiones del Estado, que en algunos casos han debilitado fuertemente la institucionalidad ambiental. Una institucionalidad puede ser adecuada, pero puede ser mal administrada. Y ha sido así en muchas situaciones. Nadie discute hoy que la resolución del Presidente Piñera en Barrancones infringió un daño a la institucionalidad ambiental. También en el caso de HidroAysén, un proyecto que se ingresa a evaluación ambiental en agosto de 2008, en un contexto donde la política energética del gobierno de la época indicaba que era un imperativo estratégico desarrollar el potencial hidroeléctrico del sur del Canal de Chacao. Fue sujeto de 4.000 observaciones de 35 servicios públicos durante dos administraciones. Se aprueba en mayo de 2011; se somete a una gran cantidad de recursos judiciales de los cuales el 100% son fallados a favor de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluida la Corte Suprema que la valida. A pesar de todo lo anterior, y teniendo un plazo legal perentorio de 60 días, el Comité de Ministros, después de casi 3 años, se reúne y resuelve sólo parcialmente. En definitiva, después de casi 6 años estamos a 4 días de que la parte de la institucionalidad que administra el poder ejecutivo, dicte una resolución definitiva. Más allá del sentido de la resolución que se adopte, estos procesos, así como muchos otros de proyectos de distintos tamaños y tecnologías, debiera preocuparnos por el daño que se le infringe a la institucionalidad ambiental. Es importante re-legitimar la institucionalidad ambiental, promoviendo los perfeccionamientos que en parte se plantean en la Agenda Energética, y tan importante como lo anterior, que todos los actores actuemos dentro de ella, con mejores estándares y de acuerdo al marco regulatorio.
Se filtró que lo más probable es que el Comité de Ministros deje sin efecto la RCA, ¿ese sería el peor escenario?
No hay que especular.
Sin especular, ¿ven su RCA como un activo que van a defender?
Nosotros como HidroAysén hicimos una comparecencia ante el Comité de Ministros donde dejamos establecidos nuestros argumentos en el sentido que usted dice. Cualquier actor diligente debe velar por el valor de sus activos que se basan en un trabajo de los últimos 8 años de muchos profesionales, instituciones y consultores de primer nivel.