El valiente fallo contra Apple e Irlanda de la UE es un punto de inflexión contra la masiva elusión fiscal de las grandes empresas

En contra de lo pensado, la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, ha tenido la valentía y aguante suficiente de la presión del mayor lobista de Appel, nada menos que el omnipotente gobierno de Estados Unidos, para exigir a Irlanda que recupere una fortuna, 13.000 millones de euros esquivados al fisco de muchos países europeos y otros, incluido Estados Unidos, por Apple mediante acuerdos fiscales con el gobierno de Dublín que la Comisión Europea ha considerado ayudas ilegales de Estado.

Irlanda tenía una oportunidad de oro para reclamar el dinero a Apple y dejar de ser la amante entregada ciegamente a las multinacionales, papel que ha jugado desde hace 50 años, y sin embargo ya ha anunciado que apelará, ya que prefiere seguir siendo considerado un país dispuesto a utilizar la soberanía fiscal que los tratados de la UE conceden a los Estados miembros para amparar y facilitar la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Los 13.000 millones de euros equivalen al 10% del PIB irlandés, que cuenta con uno de los mayores del mundo per cápita. Con ese dinero podría haber conseguido, entre otras grandes acciones, eliminar la pobreza infantil, pero la población y el gobierno irlandés están ciegos y piensan que entregarse a las grandes empresas les dará mejores réditos y por eso grotescamente apelarán el fallo de la Comisión.

Quizás confiando en que las amenazas de Estados Unidos a Bruselas van en serio y que  Washington permitirá que sus multinacionales encuentren agujeros fiscales en la Unión Europea, el gobierno de Dublín aspira todavía a mantener su estatus económico actual, pero todo apunta a que la decisión tomada por la Comisión es un claro punto de inflexión. Con el capitalismo global muy contestado en el Viejo Continente porque su crisis ha originado un derrumbe de la estructura social, reflejado en una merma brutal de las clases medias, el aumento del desempleo, la desesperanza juvenil, y el aumento de la pobreza y exclusión social, incluso los fríos tecnócratas de Bruselas son conscientes de que la elusión fiscal de las grandes empresas transnacionales, sean domésticas o foráneas, es insostenible políticamente.

Las nuevas medidas de transparencia fiscal que se están introduciendo siguiendo las normas de la OCDE deberían resultar en una barrera infranqueable incluso para la ingeniería fiscal de los grandes diseñadores del ‘ahorro fiscal’:Deloitte, KPMG, EY y PwC, todas ellas con nombres tan asépticos como unos guantes de cirujano.

Un éxito de la Política como el conseguido por la comisaria danesa, mucho más eficaz y rotunda que su antecesor, el ex ministro español Joaquín Almunia militante del PSOE, ha sido ignorado en gran medida por la clase política española, enfangada en la teatral sesión de investidura celebrada en el Congreso. Confiemos en que, una vez terminada la velada en las Cortes, comiencen a oírse voces en defensa de la posición tomada por Vestager, y de una reclamación a Dublín de la parte de los 13.000 millones que correspondan a la Hacienda española. Tampoco estaría de más que se alentara y educara a la sociedad en la buena práctica de boicotear los productos de empresas que no quieren asumir ninguna responsabilidad fiscal, aunque lo que es más probable sea que oigamos la voz de aquellos liberales que consideran algo anacrónico el impuesto de sociedades.