Hay un hecho incontestable en el resultado de las elecciones celebradas ayer, más allá del triunfo indiscutible del partido socialista y el hundimiento, probablemente irreversible, de la derecha que ha monopolizado durante la mayor parte de la era democrática el Partido Popular, y no es otro, aunque no se quiera ver, que el suspenso que recibe la Constitución en dos comunidades, Euskadi y Cataluña.
En el País Vasco, los partidos constitucionalistas duros, es decir aquellos, Partido Popular y Ciudadanos, que bajo ningún concepto están dispuestos a abrir el melón de la Carta Magna para que no ocurran situaciones tan antidemocráticas como que un Estatuto de autonomía (caso catalán) sea aprobado por el Parlamento autonómico, el Nacional y refrendado por los ciudadanos catalanes, y, luego lleguen los sabios del Constitucional y digan que no vale, no han conseguido ni un escaño y apenas el 10% de los votos. Ni siquiera añadiendo al Partido Socialista de Euskadi a este grupo, lo que es muy discutible, conseguirían una masa suficiente de bloqueo democrático.
En Cataluña, cada día más emocionalmente desconectada de España, un hecho muy grave del que es en gran parte responsable el españolismo anticatalanista que se irradia desde la derecha madrileña, el Partido Popular y Ciudadanos han pasado de tener del 24,3% al 16,4% de los votos, ocho puntos de desplome, y no vale decir que Vox ha sumado el 3,6% porque este partido propugna incluso acabar con el actual autogobierno catalán. Ciudadanos, que se presenta como el dique de defensa de los catalanes no nacionalistas apenas ha elevado su porcentaje de voto, del 10,94% al 11,55%, sin ganar siquiera un escaño. Mientras que Esquerra Republicana superaba el millón de votos, frente a 632.000 de las elecciones anteriores. Afortunadamente, el socialismo catalán, PSC, consigue un resultado formidable hasta el 23,2% de los votos, desde el 16,1% de las elecciones celebradas en 2016.
La necesidad de cambiar la Constitución es evidente
Resulta evidente que el PSOE tendrá que intentar reparar la fractura vasca y catalana con la Carta Magna por el bien de todos los ciudadanos del Estado, y parece que la única manera de hacerlo es con una reforma constitucional valiente. La Unión Europea de manera plausible no parece dispuesta a aceptar Estados nacidos de una secesión de un país miembro, aunque el caso de Escocia tras el Brexit pudiera ser excepcional, pero queda todavía un camino muy largo a recorrer en la concesión de autogobierno a las comunidades con lengua propia, en una nueva Constitución, que entre otras cosas no permita procesos judiciales por rebelión , que causan bochorno internacional como el que lleva a cabo el Supremo, o el ocurrido en Alsasua. En esta localidad navarra el partido que aglutina a la derecha española, NA+, ha obtenido el 11,57% de los votos.