El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que preside Esther Arizmendi, (en la imagen durante una comparecencia), emplazó a los ciudadanos para que enviaran sugerencias hasta el pasado domingo, 7 de junio. Aquellas que el Consejo dictamine serán incorporadas en el Plan Estratégico 2015-2020, actualmente en borrador, que contiene los grandes ejes de actuación futura. Además de las sugerencias de los ciudadanos se incluirán las de instituciones públicas, organizaciones, universidades y agentes sociales.
Entre sus objetivos prioritarios el CTBG plantea un sistema de información sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el ejercicio del derecho de acceso y la aplicación de los principios de buen gobierno. También pretende instaurar un procedimiento eficiente y eficaz de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos. Pero hasta enero de 2016 no implantará programas de atención al ciudadano, con tutoriales y expertos, para la ayuda a los interesados a interponer quejas, sugerencias y recursos.
Los retos de aprobación de gastos
Entre los retos que se plantea cubrir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, durante este mes de junio, destaca el establecimiento de procesos internos de aprobación de gastos, ordenación de pagos, movimientos de fondos, formación de cuentas y similares. También contempla la constitución de la Mesa de Contratación para obras, servicios y suministros. Hasta el otoño de 2016 no estará operativo el Sistema de medición de tiempos de resolución de recursos. Y hasta finales de dicho año no se suscribirán convenios con las universidades para la impartición de ciclos de formación, créditos y módulos de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Esta formación se centrará en los funcionarios públicos que son los que deben responder a las peticiones de la ciudadanía.
El Consejo se define como un organismo público independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, únicamente a efectos organizativos. La ley le encomienda la cuádruple función de “promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno” (artículo 34).