El gabinete de Rajoy se niega a informar del número de funcionarios públicos que incurrieron en incompatibilidades o mala conducta en sus dos años de gobierno. La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del ministro Cristóbal Montoro, tiene como responsable desde hace más de siete años -con PSOE y PP- a Flor López Laguna, con rango de subdirectora. Ni López Laguna ni el departamento de Administraciones Públicas, al que está adscrita la oficina, quieren hacer balance de su actuación solicitada por La Celosía. Con esta opacidad se oculta a la sociedad la relación beneficiosa que pueden mantener funcionarios públicos y empresas. El ex ministro de Administraciones Públicas con Zapatero, Jordi Sevilla, que tuvo bajo su mando este departamento exige ahora una Oficina de Conflictos de Intereses “realmente independiente”, no como la actual, adscrita al Ministerio de Hacienda. Tanto al Congreso de los Diputados como al Senado han llegado propuestas e interpelaciones sin demasiado éxito a la hora de tomar las medidas oportunas.
La conducta del funcionario público debe regirse por la ética
“No siempre es fácil para un empleado público saber la conducta que ha de seguir y cuáles son las que ha de evitar, puesto que a menudo por la “cultura” de una organización, por las rutinas de la misma, puede aceptar con naturalidad actuaciones que desde parámetros éticos son francamente cuestionables, cuando no irregulares”, reconocía la propia Flor López Laguna en uno de los casos prácticos sobre administración pública (ver número catorce). A su juicio la conducta de los servidores públicos, cualquiera que sea su rango o responsabilidad, debe ser trasparente. Pone como ejemplo Gran Bretaña y Estados Unidos donde sus empleados son formados, periódicamente, en “normas de ética”. Y subraya punto por punto las conclusiones del Informe Nolan, que insiste en la necesidad de educar a los funcionarios en estos principios.
Desde Access Info Europe ahondan en el problema de las ‘puertas giratorias’ y subrayan dos situaciones conflictivas. La primera sería aquella en la que el funcionario público que ha trabajado en el pasado y/o espera trabajar en el futuro en una empresa privada, podría tomar decisiones más favorables hacia los intereses del sector privado, para mejorar sus oportunidades personales, por amistad o por desarrollar sus contactos, en detrimento de, por ejemplo, los intereses de representantes de la sociedad civil y ciudadanos o del propio interés público. La segunda sería aquella en que las empresas de lobby pueden aprovechar los contactos adquiridos por sus nuevos empleados en sus antiguos trabajos públicos: funcionarios públicos, que recientemente dejaron su cargo, se convierten en un gran recurso para las empresas que se dedican a presionar durante los procesos legislativos - tienen un conocimiento privilegiado del sistema y conocen personalmente a las personas que forman parte del mismo y responsables de tomar las decisiones definitivas. Esta conexión privilegiada pasa a manos de los intereses privados al contratarles y daña fuertemente el equilibrio de influencias.
Comportamiento de los funcionarios en España y la UE
Esta organización recuerda como en la mayoría de los países los funcionarios tienen que presentar declaraciones de conflicto de intereses cuando acceden a una nueva posición pública, estas declaraciones se hacen además de manera periódica (por ejemplo, una vez al año). “La declaración de conflicto de intereses debería estar diseñada para identificar y evitar el fenómeno de las puertas giratorias, básicamente se trata de evitar que los funcionarios tomen decisiones con la intención de favorecer a una entidad privada para favorecer su futuro laboral”. Access Info Europe insiste en que los funcionarios públicos deberían abstenerse y tener prohibido participar en decisiones donde su juicio pudiera estar influido por vinculaciones anteriores o presentes a un sector particular.
Ante la entrada de nuevos políticos en el Parlamento Europeo, tras las elecciones del pasado 25-M, Corporate Europe Observatory (CEO) solicita donaciones, para hacer sonar la alarma sobre los riesgos de la puerta giratoria y exigir que las instituciones de la UE implementen nuevas y duras normas para hacer frente a los riesgos de conflictos de intereses. Hace cinco años, cuando la Comisión y el Parlamento el pasado cambiaron, demasiados comisarios, altos funcionarios de la UE y los diputados pasaron por la puerta giratoria para trabajos de cabildeo de la industria provocando el riesgo real de conflicto de intereses. “Desafortunadamente esperamos escándalos similares en 2014”, advierten. CEO ya ha expuesto el caso de Pavel Telička que es un ex lobista de tabaco y está en la carrera para convertirse en Comisario. Mientras tanto, la saliente eurodiputada holandesa acaba de unirse a la junta directiva del gigante de los seguros Aegon.
“El fenómeno de la puerta giratoria tiene un impacto potencialmente muy dañino en la toma de decisiones de la UE y puede ayudar a inclinar la balanza a favor de las grandes empresas. Ya sea en el clima, las finanzas, la energía o una gran cantidad de otras cuestiones, los grupos de presión empresariales han tenido éxito en la caza furtiva de importantes tomadores de decisiones de la UE - y la información privilegiada know-how, contactos e influencias que van con ellos”, subraya esta organización. En los meses críticos por delante, CEO va a intensificar su labor de seguimiento para controlar las entradas y salidas de los principales tomadores de decisiones y al personal de la UE, a través de un nuevo trabajo de investigación.
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