“La crisis financiera mostró el impacto de las decisiones del Eurogrupo en la vida de millones de personas. Esto aumentará con la introducción de un presupuesto de la zona euro. Quiero dar a los ciudadanos un hilo visible para seguir cuando las decisiones de la UE son tomadas por sus ministros nacionales, y en qué aspectos cruciales”, argumenta Emily O’Reilly, Defensor del Pueblo Europeo al denunciar la falta de transparencia del Eurogrupo y otras instituciones comunitarias.
Las preocupaciones sobre la transparencia en la administración de la UE representaron la mayor proporción de los casos del Defensor del Pueblo (24,6%) en 2018, según el Informe anual para 2018. En dicho año también aumentaron las quejas (+17%), lo que indica una mayor concienciación de los ciudadanos.
El Ombudsman europeo ha desvelado en una investigación cómo la UE maneja los documentos del Eurogrupo y, si decide hacerlos públicos o no, examinando pormenorizadamente los tres comités técnicos compuestos por funcionarios nacionales que preparan las reuniones ministeriales del Eurogrupo. Tras su investigación concluye que los documentos que muestran cuándo se reúnen estos comités (Comité Económico y Financiero, Grupo de Trabajo del Eurogrupo y Comité de Política Económica) y lo que discuten no son públicos, lo que hace que sea extremadamente difícil para los ciudadanos monitorear la gobernanza de la zona euro.
Alertas por la sostenibilidad pesquera y
los pesticidas para las abejas
Una segunda investigación incide en la falta de transparencia sobre la base de las decisiones anuales de los ministros nacionales sobre las cuotas de pesca. “Las famosas reuniones nocturnas de ministros en Bruselas son a puerta cerrada y, sin embargo, toman decisiones importantes para la sostenibilidad de las poblaciones de peces y los empleos en las comunidades pesqueras de toda Europa”, subraya el Defensor del Pueblo Europeo.
En una tercera investigación, el equipo de O’Reilly acusa a la Comisión Europea de mala administración por la negativa a proporcionar acceso público a los documentos sobre las posiciones tomadas por las autoridades nacionales sobre el riesgo de los pesticidas para las abejas. “En 2013, la EFSA elaboró directrices sobre el impacto de los plaguicidas en las abejas. Sin embargo, algunas autoridades nacionales están bloqueando su implementación por parte de la Comisión. Esta es su decisión, pero cuando la adoptan, los ciudadanos europeos tienen derecho a conocer la posición que tienen. La biodiversidad es un tema particularmente importante”, subraya O’Reilly.
En 2018, el Defensor del Pueblo emitió un Informe Especial al Parlamento Europeo pidiéndole que apoyara sus propuestas para mejorar la transparencia en el Consejo de la UE (lo hizo de forma abrumadora en enero de 2019) y llevó a cabo una consulta pública sobre el uso de idiomas por parte de Instituciones de la UE. El Defensor del Pueblo también publicó una serie de propuestas para fortalecer las reglas de puertas giratorias en las instituciones de la UE; y elaboró una lista de las mejores prácticas para prevenir el acoso sexual o psicológico en la administración comunitaria.