El Defensor del Pueblo Europeo investiga la opacidad de la Comisión Europea en torno a sus contratos de vacuna Covid-19 con empresas farmacéuticas y las negociaciones que dieron forma a estos contratos. Esta investigación fue provocada por las quejas presentadas por Corporate Europe Observatory (CEO) a principios de este mes ante la negativa de la Comisión de responder a dos solicitudes de Libertad de Información (FOI). El Defensor del Pueblo le ha pedido a la Comisión Europea una respuesta antes del 11 de febrero.
La investigación del Defensor del Pueblo se centra en una denuncia contra la Comisión que niega el acceso a su contrato de vacuna Covid-19 con AstraZeneca, el primer contrato firmado el año pasado. La Comisión rechazó la divulgación del contrato excusándose en la protección de los intereses comerciales de AstraZeneca y alegando que no había un interés público primordial en la transparencia. También solicita la divulgación de los documentos relacionados con las negociaciones de vacunas, incluidas notas de reuniones y correspondencia, así como los nombres de los miembros del Equipo Conjunto de Negociación, que consta de siete expertos designados por los Estados miembros.
Sólo se conoce el contrato de CureVac
A principios de este mes, la Comisión invitó a los eurodiputados a leer una versión redactada del contrato de CureVac en condiciones estrictas en una sala de lectura. Sorprendentemente, la Comisión publicó el contrato CureVac redactado en su sitio web a principios de esta semana. Los otros cinco contratos siguen siendo confidenciales, y ni los diputados al Parlamento Europeo ni el público en general tienen acceso a los textos.
El contrato de CureVac muestra que la confidencialidad estaba escrita en los contratos, lo que otorga a las empresas farmacéuticas un derecho de veto (consultar el artículo 11.6.1 en adelante). El contrato también confirma los temores de que los lucrativos acuerdos de compra anticipada que se negocian en la oscuridad usarían dinero público para eliminar el riesgo financiero y la responsabilidad de las compañías farmacéuticas que desarrollan vacunas Covid-19. La Comisión lleva gastados 2.800 millones de euros en los acuerdos de compra anticipada de las vacunas.
El único contrato divulgado también muestra que la UE ha ido muy lejos en la “eliminación de riesgos” de las inversiones de Curevac, pero aún no ha logrado garantizar ningún derecho sobre las invenciones o los conocimientos técnicos de Curevac financiados en virtud del contrato. Además, el contrato indica que los gobiernos de la UE, en escenarios específicos, podrían terminar pagando una indemnización por los posibles efectos secundarios de la vacuna.
En septiembre de 2020, una investigación del Corporate Europe Observatory reveló cómo el lobby de la industria farmacéutica estaba anteponiendo los beneficios a una respuesta pandémica eficaz. La investigación mostró cómo las grandes farmacéuticas, a pesar de las elevadas declaraciones de relaciones públicas sobre su compromiso de abordar la pandemia del coronavirus, están presionando intensamente para proteger su problemático modelo de negocio que maximiza las ganancias, en parte basado en dinero público.
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