El Defensor del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha abierto una investigación para determinar si la administración de la Unión Europea está cumpliendo con su obligación de introducir normas sobre denuncia de irregularidades. El miedo a represalias impide que se denuncien más casos de corrupción en la UE, según reconoció la propia la Comisión Europea durante la presentación de su primer Informe anticorrupción en febrero pasado. O’Reilly ha pedido a nueve instituciones de la UE, incluida la CE, el Parlamento y el Consejo, que le informen antes del próximo 31 de octubre sobre las normas en vigor o las pendientes de introducir para frenar esta lacra. En los últimos años se han producido sobornos a eurodiputados, casos de tráfico de influencias que han puesto en la picota a más de un comisario y un fraude masivo en las subvenciones comunitarias.
Los denunciantes juegan un papel clave y deben gozar de protección
El Informe Anticorrupción de la UE advierte que la corrupción puede dañar seriamente la economía y socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Los denunciantes juegan un papel clave en el descubrimiento de graves irregularidades y O’Reilly solicita que se les ofrezca la protección necesaria y la garantía de impunidad. Los funcionarios de la UE están obligados a reportar las graves irregularidades que descubren en el transcurso de su trabajo. Sin embargo, son reacios a hacerlo dentro de su propia organización por la indefensión a que se enfrentan y el temor a represalias.
Desde enero de 2014, en virtud del nuevo Estatuto acordado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, las instituciones de la UE han sido obligadas a introducir normas sobre denuncia de irregularidades internas. En una carta al presidente de la CE, José Manuel Barroso, el Defensor del Pueblo pide a las instituciones que garanticen también la protección de los denunciantes externos, como contratistas o subcontratistas en los proyectos financiados por la UE. “Como Defensor del Pueblo, quiero ayudar a la administración de la UE para asegurarse de que está haciendo todo lo posible para alentar a hablar a las personas que descubren irregularidades graves. Soy consciente de que muchas de las instituciones y órganos de la UE han adoptado una orientación en cuanto a la denuncia de irregularidades”, subraya O’Reilly.
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