Demoledor varapalo de un gran consorcio de organizaciones civiles a la política internacional de lucha contra las drogas

El Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en ingés), la red mundial de organizaciones civiles,  más de 170, creada para promover un debate objetivo sobre las diversas políticas contras las drogas que se siguen por las Administraciones, publicó ayer un informe demoledor, en el que  muestra como no se han cumplido ninguno de los objetivos que la comunidad internacional aprobó en 2009, dentro de la estrategia a 10 años para que “los Estados eliminen o reduzcan considerable y mesurablemente” el cultivo, la producción, el tráfico y el consumo de drogas, además de los efectos de la criminalización, como el blanqueo de dinero.

Se van a cumplir pronto los 10 años de plazo que la comunidad internacional se concedió al aprobar aprobó una estrategia rubricada con la firma de la “Declaración Política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas”. Las organizaciones civiles,  como las que han publicado el informe, juegan un papel relevante en la supervisión y evaluación de las políticas mundial sobre drogas, reconocido en la citada Declaración Política y en otros documentos de Naciones Unidas sobre drogas.

Cumpliendo con ese papel, el Consorcio Internacional ha publicado  el ‘Informe Sombra de la Sociedad Civil’ con el balance de una década de política de drogas, en el que ponen de manifiesto que los objetivos y compromisos asumidos en la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 no se han alcanzado y que, en muchos casos, se han traducido en políticas contraproducentes.

El Informe subraya la necesidad urgente de efectuar estudios y evaluaciones más exhaustivos y equilibrados sobre las repercusiones de las políticas de drogas en todo el mundo, teniendo en cuenta no solo los datos gubernamentales, sino también las investigaciones académicas y conclusiones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones difieren de las conclusiones de los organismos oficiales.

En las conclusiones se apunta que los Estados Miembros deberían identificar metas y objetivos más significativos en materia de políticas de drogas, en sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el documento final de la UNGASS y los compromisos internacionales sobre derechos humanos.

Para hacerse idea del incumplimiento de los objetivos que se plantearon, el estudio revela que en cuanto a la reducción de los cultivos, recogiendo datos de la UNODC (oficina de Naciones Unidas contra la Droga), entre 2009 y 2018 el cultivo aumentó un 130 % en el caso de la adormidera y un 34 % en el del arbusto de coca. En lo que respecta al cannabis, ya son 145 países los que lo cultivan.

Respecto a la demanda ilícita de estupefacientes, ya son 275 millones de personas las que consumieron al menos en una ocasión en el año 2016, con edades de 15 a 64 años, lo que supone un aumento del 31% en cinco años, entre 2011 y 2016, años en los que se midió el consumo. El cannabis es la droga que más se consume, y Podemos ha pedido al Gobierno que se plantee su legalización, como han hecho Canadá y Uruguay. La demanda de anfetaminas, muy fáciles de comerciar, se ha disparado con un aumento del consumo del 136% también desde 2011. El número de muertes se ha disparado un 145%, con 450.000 notificadas en 2015.

Desde que se suscribió la estrategia internacional hay 800 nuevas drogas de diseño

Respecto al objetivo de reducir y eliminar la producción de sustancias psicotrópicas y drogas sintéticas, el informe recuerda que desde 2009 se han encontrado más de 800 nuevas drogas y el uso ilícito de fármacos de venta con receta ha generado un problema de salud pública en Estados Unidos.

En cuanto  a la eliminación o reducción del tráfico de precursores, como el permanganato de potasio, que se utiliza para producir cocaína, las incautaciones se han multiplicado por seis, hasta los 585.072 kilos en 2016. Otro fracaso tremendo. Lo mismo que ha sucedido con el blanqueo del dinero procedente del tráfico de droga.Cada año se blanquea a escala mundial una cantidad que oscila entre los 800 millones y los 2 billones de dólares estadounidenses (USD), lo cual representa entre el 2 y el 5 % del PIB global, y una cuarta parte de los ingresos de las mafias procede de las drogas. Un negocio que supera el medio billón de dólares.

El informe sombra también analiza la conculcación de derechos humanos que origina la guerra contra las drogas y la drogadicción, con un aumento de las ejecuciones, casi 4.000 en la última década, por no hablar de los 27.000 asesinados en Filipinas, donde los asesinatos de drogadictos  y pequeños vendedores han sido alentados por el gobierno de Rodrigo Duterte, o de los más de 200.000 muertos en México.

En definitiva, después de 2019, dicen las organizaciones civiles que los Estados miembros de Naciones Unidas “deberían poner fin a los planteamientos punitivos frente al control de drogas y anteponer a las personas y las comunidades, promoviendo realmente la participación de la sociedad civil en todo el proceso de concepción y ejecución de las políticas de drogas.