La participación de los interlocutores sociales por parte de España en la defensa de la política social y de empleo en el semestre europeo, durante el período 2011 a 2014, ha sido irrelevante. “Las organizaciones empresariales informan que tienen una influencia limitada, mientras que los sindicatos dicen que no tienen ninguna influencia en absoluto”, según constata el informe ‘Papel de los interlocutores sociales en el semestre europeo’, elaborado por Eurofound. Destaca como en España, el Gobierno ha ejecutado importantes reformas del mercado de trabajo sin consultar a patronal y sindicatos, aun cuando el Consejo Europeo se lo había recomendado.
“En el período 2004-2008, con el Gobierno de Zapatero, los agentes sociales tuvieron un papel más activo en el semestre europeo. En 2011 cuando el Partido Popular entra a gobernar el diálogo social entra en crisis”, explica a La Celosía, Pablo Sanz, miembro del equipo Notus y uno de los autores del informe. Destaca como ahora el proceso de participación empieza a mejorar pero no al nivel que en otros países. “En Suecia donde hay un diálogo social institucionalizado pudieron revertir recomendaciones de la Unión Europea”, subraya.
En países como Italia, Luxemburgo y España la consulta sobre el semestre europeo es irregular y el tiempo para la información demasiado corto; sólo un día, en Luxemburgo y España, y algunas reuniones esporádicas en Italia. El estudio ha encontrado que en 13 Estados miembros, entre los que incluye a España, los interlocutores sociales sólo tienen una influencia limitada o muy limitada, y esta influencia se extiende sólo a temas específicos o se deriva de asuntos vinculados a los intereses de las organizaciones empresariales.
La CEOE indicó que apoyaría un mayor seguimiento de las políticas económicas y fiscales nacionales, refrendadas por la Unión Europea, ya que esto podría conducir a una mayor competitividad en Europa. También valoró positivamente los consejos emanados de Bruselas, pero hizo constar los desequilibrios fiscales que comportan la deuda y el déficit público. La inclusión de los desequilibrios macroeconómicos en el campo de la vigilancia es útil para identificar los factores que limitan la competitividad de la economía española y para proponer mejores reformas estructurales, fue la opinión expresada por el portavoz de la CEOE.
CCOO lamentó el hecho de que el semestre europeo se ha limitado a “aplicar medidas de austeridad y reformas estructurales destinadas a descentralizar la negociación colectiva, imponer una legislación laboral más flexible y crear un empleo más precario”.
Recomendaciones específicas para cada país
La intención inicial del Gobierno era limitar la participación de sindicatos y patronal a una consulta escrita. En 2013, los interlocutores sociales recibieron una carta pidiéndoles que enviaran sus propuestas al Gobierno sobre el Programa Nacional de Reformas. Sin embargo, en 2014, los sindicatos rechazaron la idea de enviar sus propuestas por escrito, a menos que el Ejecutivo convocara una reunión. El Gobierno organizó una reunión tripartita en la que se informó a los interlocutores sociales sobre el contenido general de las reformas. El informe evalúa el grado en que los interlocutores sociales participan en las diferentes fases del semestre europeo en los asuntos relativos a cuestiones de política social y de empleo y cómo su participación podría mejorarse. Al mismo tiempo, se examina el papel desempeñado por la Comisión Europea y los gobiernos nacionales en la comunicación de las recomendaciones específicas para cada país.
El estudio también analiza las opiniones de los propios interlocutores sociales. Fue elaborado sobre la base del trabajo de documentación y los informes nacionales individuales presentados por la red de corresponsales europeos de Eurofound que cubren los 28 Estados miembros de la UE.
Los autores señalan como en el caso español, los sindicatos están más insatisfechos que la patronal. Las recomendaciones específicas para cada país en la fijación de salarios por parte de la UE ha sido especialmente delicada, ya que estos mecanismos son la prerrogativa de los interlocutores sociales nacionales. El Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico (MIP, siglas en inglés) reconoce posibles tensiones con la autonomía de los Estados miembros y los interlocutores sociales y de forma explícita se refiere al artículo 152 del Tratado en el respeto a las prácticas de las instituciones nacionales de formación de los salarios. Además, pretende tener en cuenta el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y respetar el derecho a negociar, celebrar convenios colectivos o para tomar la acción colectiva
“España es un caso aparte porque recibió ayudas dirigidas específicamente a la recapitalización de sus bancos”, recuerda el informe.
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