Un expresidente enfrenta cargos de lavado de dinero, otro de vender indultos a narcotraficantes y un tercero está en la cárcel, mientras que un congresista ha sido vinculado con un traficante de drogas mexicano, lo que sugiere una corrupción endémica en la clase política de Perú. En una votación unánime, el Congreso aprobó un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso que sugiere acusar al expresidente Alejandro Toledo (quien estuvo en el cargo desde 2001 hasta 2006) por lavado de dinero y conspiración criminal.
Toledo es acusado de utilizar fondos de una empresa fantasma costarricense con el fin de financiar la compra de una casa y una oficina que hizo su suegra por US$5 millones. Toledo, que ha estado bajo investigación desde el año pasado, ha criticado las acusaciones, calificándolas de una “ataque político” mientras planea postularse de nuevo para la presidencia en 2016. El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se enfrenta a una posible acusación en el escándalo de “narcoindultos”, donde se le acusa de haber participado en la venta de indultos a los reos, incluyendo a traficantes de drogas. El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se encuentra en prisión, cumpliendo condenas por violaciones de los Derechos Humanos y por malversación de fondos.
Junto a estos escándalos que involucran a expresidentes, un congresista se ha visto envuelto en una controversia. La revista investigativa Caretas reveló recientemente que un portavoz del partido político de Toledo, José León Rivera, había alquilado una casa en la playa a un hombre que la policía dice que es un narcotraficante mexicano responsable de la mayor incautación de cocaína jamás confiscada en Perú.