Alcaldes y concejales, elegidos el 24M, obligados a extirpar la corrupción en los ayuntamientos

Los alcaldes y concejales elegidos tras las elecciones del 24M son conscientes de que la Administración Local (ayuntamientos, principalmente) es el principal foco de corrupción política, según detalla el informe ‘Corrupción institucional y controles administrativos preventivos’, realizado por la fundación ¿Hay derecho? Apunta como una de las causas radica en “que los controles preventivos se han ido desactivando en los últimos años”. También subraya “la dependencia de los agentes del poder político al que deben controlar”. El informe pone el foco de la corrupción en la contratación pública, el urbanismo y en menor medida, otras áreas.

En los últimos años, la mayoría de las condenas han recaído en alcaldes y concejales, pero tampoco se libran arquitectos municipales u otros funcionarios locales (secretarios, personal técnico, etc.). “Si tenemos en cuenta las 330 sentencias que hemos analizado (2011-2014) y estudiamos el nivel territorial de la Administración a la que pertenecen los funcionarios y cargos públicos implicados de los niveles local y autonómico (alrededor del 78% del total de estas sentencias), observamos que las sentencias más numerosas se refieren a delitos de corrupción en Administraciones Públicas de Andalucía (un 27,7%), Baleares (un 12,4%) y Cataluña (un 10%), por este orden”, subraya la fundación ¿Hay derecho?

Esta fundación subraya como en la práctica hay casos que podrían considerarse intermedios entre los casos de corrupción aislados y los casos de corrupción como existen supuestos en que apareciendo al principio una corrupción aislada o puntual ligada a un funcionario o varios funcionarios acaban apareciendo auténticas tramas de corrupción. Cita como ejemplo la trama de corrupción ‘caso Minutas’ en el Ayuntamiento de Marbella que contempla los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, cuya comisión se imputa a varios agentes públicos y privados, tratándose además de hechos que se remontan en sus inicios al año 1999, que perduran en el tiempo y que guardan una estrecha relación con la desactivación de los controles legales previos, en este caso debido a una clara estrategia para eludirlos.

Ediles que pierden la memoria cuando hay

que aplicar la transparencia a su gestión

Desde ‘Quién Manda’ se recuerda como algunos de los ediles que pretendían revalidar su cargo en estas pasadas elecciones, olvidaron aplicar la mínima transparencia a su gestión. Un total de 336 alcaldes se han saltado la ley a lo largo de toda su legislatura al no entregar sus presupuestos municipales de 2011, 2012 y 2013 al Tribunal de Cuentas. La ‘amnesia’ afecta a los responsables de ayuntamientos con distinto color político que han incumplido de  manera flagrante la Ley Reguladora de las Haciendas Locales año tras año –en vigor desde el 1 de enero de 2004–, que exige a los consistorios entregar sus cuentas para su fiscalización.

Andalucía y Castilla y León son las comunidades autónomas que ostentan el dudoso mérito a la opacidad en los gastos e ingresos públicos. Ambas aúnan a casi el 74% de los consistorios que han incumplido su obligación de informar, justificar y responsabilizarse de su actividad económica. Zamora y Granada son las provincias con más ayuntamientos (37 y 30, respectivamente) que aún no han informado al Tribunal de Cuentas de su situación financiera y patrimonial desde 2011. Cádiz, Sevilla y Málaga tienen en esta lista los consistorios con más vecinos a los que rendir sus cuentas.

Los hombres mandan en los ayuntamientos pese a los triunfos de Colau y Carmena